Redacción Fernando Galindo
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga 100 denuncias penales por el desfalco a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y obtuvo 49 órdenes de aprehensión contra 44 exfuncionarios y dueños. Además de representantes y abogados de las empresas acusados de defraudar 4 mil 900 millones de pesos, lo que equivale a más de la mitad de las irregularidades observadas en 2019 y 2020 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el organismo que dirigía Ignacio Ovalle.
En la conferencia impartida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, rechaza que el fraude alcance 15 mil millones de pesos, como señalan algunas versiones en los últimos meses, y estimó que se trata de cerca de 9 mil 500 millones de pesos.
La SFP detectó a través de diversas auditorías un faltante de 6 mil millones de pesos en la gestión financiera de Segalmex de 2019 y 2020, mientras la ASF encontró 3 mil 500 millones de gastos injustificados y/o anormales. Además, la dependencia pidió aclaraciones a Segalmex por 3 mil 750 millones de pesos, que en su mayoría fue para la compra de maíz y frijol en 2021.
Salcedo también señaló que “las observaciones resultantes son señalamientos que el ente auditado debe aclarar, por lo que esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales” mientras no concluyan los procesos de aclaración previstos por la ley.
Mencionó que Segalmex, creada en este sexenio para garantizar el abasto de alimentos, ya presentó documentación para aclarar el destino de 2 mil millones de pesos de los 6 mil observados por la SFP. También ha ofrecido aclaraciones sobre los tres mil 500 millones advertidos por la Auditoría Superior.
Como parte de las denuncias, Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, añadió que de momento el gobierno federal, a través de un grupo intersecretarial creado por AMLO en 2022 para investigar este acto corrupción, ha presentado 69 denuncias por un posible desfalco de 4 mil 900 millones de pesos del que han sido acusadas 87 personas, de las cuales 41 son exfuncionarios y 46 socios, representantes, accionistas o abogados de las empresas relacionadas con los hechos.
Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, añadió que el Ministerio Público investiga 100 denuncias penales relacionadas con el caso, 69 de las cuales corresponden a las presentadas por el grupo intersecretarial.
Agregó que el resto fueron presentadas por la ASF, legisladores y particulares, entre otras instancias, y que varias de ellas coinciden en los hechos denunciados, por lo que han sido agrupadas para agilizar las indagatorias. Hay 32 carpetas de investigación en trámite, cinco de ellas han sido judicializadas, y se han emitido 49 órdenes de aprehensión contra 44 personas. Los delitos que se persiguen incluyen malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.