En su próxima sesión, el Pleno de la Suprema Corte iniciará el estudio de una acción de inconstitucionalidad, en la que se pide invalidar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México.
El Pleno deberá determinar si el Artículo II, fracción decimoprimera viola el principio de legalidad, así como los principios de subordinación y excepcionalidad, al establecer que la Armada de México podrá combatir cualquier otro ilícito, lo que resulta ambiguo y desborda sus competencias.
Mientras que el Artículo 29 al otorgar a la Unidad de Policía Naval funciones de seguridad pública, viola distintos artículos de la Constitución.
Además, las atribuciones conferidas a la Unidad de Inteligencia Naval generan incertidumbre jurídica; y la ambigüedad de diversos preceptos, podrían propiciar una actuación arbitraria, atentando contra los principios de certeza y seguridad jurídica.
Asimismo, al permitirle comisionar a sus elementos en otras dependencias, le permitirían desempeñar en cualquier momento actividades de mando civil.
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