Por: Arturo Salinas
POR ARTURO SALINAS Corresponsal TIJUANA. Abogados de esta ciudad han dejado de litigar casos penales debido a amenazas de la contraparte, incluso de sus defendidos. En Tijuana, profesionales del derecho que llevan la defensa de criminales han sido ultimados, como es el caso de Víctor Hugo López, quien llevaba la defensa de Miguel y Omar Trevino Morales, El Z-40 y El Z-42, líderes del grupo Los Zetas.
"Tienes que enfrentar a la contraparte de tu cliente, pues por los expedientes tienen acceso a tus datos personales, tus teléfonos y hasta tu domicilio, y tienes que enfrentar hasta a tu defendido... La parte acusada te amenaza si les imponen una sentencia alta, y tu defendido te amenaza si considera que la sentencia no fue lo suficientemente elevada", relata un abogado que pidió reservar su página.
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Violencia siembra el miedo en abogados
LITIGANTES. EXPLICAN QUE NO SOLO SE enfrentan a la parte acusadora, sino también a sus defendidos, quienes hasta los amenazan.
Por amenazas de las partes acusadas y hasta de sus propios clientes, abogados que ejercen en esta ciudad han dejado de litigar casos penales, debido a que han llegado a ser asesinados.
"Debes enfrentar a la contraparte de tu cliente, pues por los expedientes tienen acceso a tus datos personales, tus teléfonos y hasta tu domicilio, y tienes que enfrentar hasta tu defendido", explica el abogado Víctor, quien pidió reservar su identidad.
"La parte acusada te amenaza si les imponen una sentencia tu defendido te amenaza si considera que la sentencia no fue lo suficientemente elevada".
"Si tu cliente es la parte acusada te amenaza porque le impusieron dos o tres años de prisión cuando que por los delitos cometidos pudo haber sido sentenciado a cinco o siete u más años, pero no queda conforme con tu trabajo", reveló.
Otra litigante, presidenta de un colegio de abogadas, relata que "te dicen que le van a hablar a El Muletas o a otros jefes del narco en la ciudad y te tienes que poner firme. Yo les contesto: 'no te molestes, yo misma le voy a llamar', porque quieren causar temor".
Y no es para menos. El 15 de febrero de 2023 fue asesinado el abogado Víctor Hugo López Ramírez, quien llevaba la defensa de Miguel Omar Treviño Morales, El Z-40 y El Z-42, líderes del delictivo Los Zetas, así como de David López Jiménez, El Cabo 20, autor material del crimen del fotógrafo Margarito Esquivel.
Su representación legal era de primer nivel, pues estaba acreditado como abogado de los hermanos en los juicios de extradición a Estados Unidos.
López Ramírez fue acribillado por gatilleros, uno de ellos fue detenido tras esconderse en la sucursal de una tienda de membresías tras perpetrar el homicidio en la zona Río, una de las áreas comerciales más exclusivas de la ciudad donde el abogado comía.
El 22 de marzo de 2023 fue baleado en su domicilio un abogado adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, quien recibió varios impactos de bala en el pecho y abdomen cuando un sujeto descendió de un vehículo BMW y abrió fuego en su contra con un arma de 9 milímetros.
El abogado sobrevivió a las heridas, mientras que los dos pistoleros fueron capturados y confesaron que formaban parte de un grupo delictivo denominado Los Chinolas, como se conoce a los sinaloenses en esta frontera, y que un capo del narcomenudeo les pagó por matar al defensor.
El 18 de noviembre del mismo año, la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) fue blanco de un ataque, por lo que abogados como Alexander Bazán, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, consideraron que hay temor entre los profesionales del ramo por acudir a estas instalaciones.
"Están queriendo dar un mensaje, de que ellos pueden más que nosotros y que nosotros nos tenemos que anticipar a estos hechos delictivos", declaró.
No obstante, no solo la práctica del derecho penal representa riesgos para los profesionistas del ramo. El 3 de noviembre de 2021, una abogada fue privada de la libertad en el estacionamiento de los juzgados civiles donde, pese a los gritos de auxilio de los testigos, cuatro hombres la subieron a una camioneta, en la cual la víctima fue localizada con vida horas después.
Otro abogado, Gerardo Wilfrido Trujillo Barraza, falleció el 23 de julio pasado cuando se encontraba en su oficina de la Plaza Patria, donde fue estrangulado.
Trujillo Barraza llevaba casos de compraventa de terrenos, así como fianzas y seguros.
Con estos casos registrados a lo largo del año pasado, los abogados iniciaron este 2024 rechazando juicios penales, por lo que han optado por especializarse en juicios civiles y otros que, aunque les generen menos ingresos, signifiquen menos riesgos."
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