AMLO desestima comparación entre fideicomisos de Sedena y Poder Judicial en reforma a Ley de
Derechos
Redactor:Joel Charles
La Cámara de Diputados aprueba cambios a la Ley Federal de Derechos, incluyendo la creación de un fideicomiso para financiar el Tren Maya.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado enfáticamente las comparaciones entre la creación de fideicomisos para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial en el marco de las reformas a la Ley Federal de Derechos. Según AMLO, estas comparaciones son "un argumento muy ramplón", ya que los fideicomisos del Ejército se destinan a proyectos de obras públicas, mientras que los del Poder Judicial se utilizaban, en su mayoría, para mantener sueldos elevados y privilegios de la alta burocracia.
El presidente subrayó que la creación de un fideicomiso para el Tren Maya no se debe a una falta de presupuesto, ya que los recursos para la obra están garantizados en el presupuesto para el próximo año. En cambio, se enfatizó que el propósito del fideicomiso es asegurar la construcción de la obra y no tiene ninguna relación con la controversia sobre los fideicomisos del Poder Judicial.
López Obrador también insinuó que las comparaciones entre estos dos tipos de fideicomisos provienen de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y de la derecha política, quienes han defendido los intereses de los ministros y magistrados. Según el mandatario, esta comparación es un intento de la oposición conservadora de socavar las reformas propuestas.
Cabe destacar que la Cámara de Diputados ha aprobado, en lo general, modificaciones a la Ley Federal de Derechos, que incluyen la creación de un fideicomiso para el Tren Maya. Esto se produce en medio de una reforma que extingue los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que representan un monto de 15 mil millones de pesos. De acuerdo con un comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos fideicomisos se utilizaban complementariamente para el pago de derechos laborales y sociales de los trabajadores del Poder Judicial.
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