El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha negado enérgicamente estar detrás de una persecución contra el periodista Carlos Loret de Mola, a pesar de las investigaciones en curso que involucran al comunicador. Esta situación ha generado un amplio debate sobre la libertad de prensa y el uso del poder presidencial para atacar a críticos del gobierno.
Carlos Loret de Mola ha sido un abierto crítico de la administración de AMLO, especialmente después de que revelara información sobre José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, habitando una mansión en Houston propiedad de un contratista de Pemex. Esta revelación podría implicar un conflicto de interés significativo, ya que la paraestatal le otorgó posteriormente un contrato millonario al empresario dueño de la propiedad.
Durante sus conferencias matutinas, conocidas como "mañaneras", López Obrador ha mencionado repetidamente a Loret de Mola, acusándolo de actuar como un adversario político. Sin embargo, AMLO ha insistido en que no hay una persecución oficial en contra del periodista. En una reciente declaración, afirmó: "Nosotros no investigamos a nadie, no hay censura para nadie. Que Loret de Mola no nos agarre a nosotros de excusa".
La controversia ha trascendido fronteras, con diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y libertad de prensa expresando su preocupación. Reporters Without Borders y Human Rights Watch han condenado los ataques verbales de AMLO contra periodistas, destacando que tales acciones ponen en riesgo la seguridad de los comunicadores y socavan la libertad de expresión en México.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también se ha pronunciado al respecto, negando que exista una investigación por parte del gobierno estadounidense sobre presuntos vínculos de AMLO con el narcotráfico, una acusación que surgió en medio de esta polémica.
Desde un punto de vista legal y ético, la divulgación de los ingresos de Loret de Mola por parte de AMLO ha sido criticada ampliamente. Expertos en derecho han señalado que esta acción viola varios artículos de la Constitución mexicana, así como del Código Penal y el Código Fiscal. Publicar información privada de un ciudadano, especialmente utilizando recursos del Estado, representa un abuso de poder y una clara intimidación hacia la prensa.
El contexto de inseguridad para los periodistas en México agrava la situación. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con múltiples asesinatos de comunicadores cada año. La administración de AMLO ha sido acusada de no hacer lo suficiente para proteger a los periodistas y garantizar un entorno seguro para la libertad de expresión.
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