Redactor: Joel Charles
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado una iniciativa a la Cámara de Diputados que plantea cambios significativos en la gestión de desastres y emergencias en México. Esta propuesta busca expedir la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo principal de transferir a las entidades federativas la obligación de presupuestar recursos destinados a atender situaciones de desastre y emergencia en el país.
Desde la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) hace más de dos años, el documento presentado en la Gaceta Parlamentaria del martes 3 de octubre detalla la sustitución de estos fondos por instrumentos presupuestarios de carácter federal enfocados en la gestión de riesgos.
Bajo esta propuesta, se espera que las entidades federativas incluyan en sus presupuestos recursos destinados a la atención de la población y las situaciones de emergencia que puedan presentarse. Además, los estados, municipios y demarcaciones territoriales tendrán la responsabilidad de contratar seguros y otros instrumentos de gestión y transferencia de riesgo de desastres para cubrir los daños ocasionados por fenómenos naturales.
Otro aspecto destacado de esta iniciativa es la sustitución de las declaratorias de emergencias y desastres por "acuerdos", que establecerán una "Situación de Emergencia" con una vigencia específica según las necesidades del evento en cuestión. Esta medida busca agilizar la respuesta y la asignación de recursos en situaciones críticas.
Es importante destacar que, durante el período de 2013 a 2018, se emitieron un total de 754 declaratorias de emergencia y desastre en México, mientras que desde 2019 hasta mayo de 2023, solo se han emitido 246 declaratorias, lo que refleja un cambio en la dinámica de la gestión de desastres en el país.
La iniciativa también mantiene al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) como el principal eje articulador de la política en esta materia. Además, incorpora a las personas titulares de las entidades de la administración pública federal en el Consejo Nacional de Protección Civil, eliminando el consejo consultivo permanente de Protección Civil previsto en la ley de 2012.
Esta propuesta de ley representa un cambio significativo en la forma en que México aborda la gestión de desastres y emergencias, buscando una mayor responsabilidad y coordinación a nivel estatal y municipal, así como una respuesta más ágil y efectiva ante situaciones de crisis.
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