
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha desestimado públicamente el anuncio de una posible huelga por parte del Poder Judicial, prevista para el 19 de agosto de 2024, en protesta contra su controvertida reforma para que jueces y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular. Esta reforma, que se espera sea votada en el Congreso en septiembre, ha generado un considerable debate tanto en el ámbito judicial como en la sociedad en general.
La reforma propuesta por AMLO busca transformar el sistema judicial mexicano, argumentando que es necesario para erradicar la corrupción en la cúpula del Poder Judicial. Según el mandatario, el sistema actual está al servicio de minorías y grupos de intereses creados, lo que lo convierte en un apéndice del poder económico del país. Para López Obrador, permitir que el pueblo elija a sus jueces y ministros es un paso crucial para democratizar la justicia y garantizar que las decisiones judiciales respondan a los intereses de la mayoría y no a los de una élite privilegiada.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha expresado su firme oposición a la reforma. Argumentan que la elección popular de jueces podría poner en peligro la independencia judicial, exponiendo a los magistrados a presiones indebidas de grupos de poder, incluso de aquellos con vínculos ilegales. Además, sostienen que esta medida socavaría la carrera judicial, afectando la profesionalización y la autonomía de quienes ocupan estos cargos.
En su conferencia matutina, López Obrador minimizó las posibles consecuencias del paro, señalando que los jueces, magistrados y ministros tienen derecho a manifestarse y que la huelga es un ejercicio de libertad. No obstante, insistió en que la reforma no va en contra de los trabajadores del Poder Judicial, sino que busca acabar con los privilegios de los altos mandos judiciales.
El presidente también ironizó sobre el paro, sugiriendo que podría poner fin a las llamadas «sabadazos», término que se ha utilizado para describir las liberaciones polémicas de presuntos criminales que suelen ocurrir los fines de semana. Como ejemplo, mencionó la reciente liberación del exgobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho.
Además, López Obrador aprovechó la ocasión para recordar al Poder Judicial que tiene pendientes dos expedientes relacionados con adeudos fiscales de empresas por un monto de 35,000 millones de pesos (aproximadamente 1,842 millones de dólares). El presidente instó a los jueces a resolver estos casos antes de proceder con la huelga.
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