Redactor: Joel Charles
La Cámara de Diputados de México aprobó la Ley Federal de Derechos 2024, marcando la creación de tres fideicomisos clave para financiar proyectos de infraestructura en el país. Uno de los fideicomisos más destacados es el destinado al Tren Maya, con una asignación de 24 mil millones de pesos y supervisado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a pesar de las críticas por la eliminación reciente de otros fideicomisos.
Además, se establecieron dos fideicomisos adicionales financiados mediante el aumento de los cobros de concesionarios aeroportuarios, destinados al sistema aeroportuario y administrados por la Sedena y la Marina. La votación se produjo tras un debate intenso, con la oposición cuestionando la creación del fideicomiso del Tren Maya, argumentando que era inconsistente con la reciente eliminación de otros fideicomisos gubernamentales.
La Ley Federal de Derechos 2024 también incluye descuentos para indígenas residentes en zonas arqueológicas y ajustes en cuotas. Estos ajustes afectan una serie de derechos, como el registro de títulos técnicos y profesionales, así como la expedición de cédulas profesionales.
En el debate, se aceptó una reserva que incrementa los derechos de concesionarios aeroportuarios del 5 por ciento al 9 por ciento, con la promesa de promover nuevas rutas comerciales y estimular el turismo. No obstante, esto generó preocupación entre algunos legisladores, quienes advirtieron que este aumento podría impactar a los usuarios y elevar los costos totales de las aerolíneas.
También introduce ajustes en derechos de trámite aduanero a la importación y exportación de mercancías en el marco de tratados internacionales, que excluyen el cobro de cargos o derechos sobre el valor de estas. Además, establece el pago por el concepto de servicio de recepción, estudio y trámite de notificaciones de concentración, independientemente del acuerdo o resolución emitida por la Comisión Federal de Competencia Económica.
La ley deroga el derecho de autorización de plantación forestal comercial en terrenos preferentemente forestales en superficies mayores a 800 hectáreas. También permite que personas físicas y morales que obtengan el uso temporal del espectro radioeléctrico realicen el pago de los derechos en los tres meses posteriores al otorgamiento de la autorización.
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