La Presidencia de México, encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha impugnado una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que acusa al mandatario de intervenir en el proceso electoral. Esta situación ha generado un debate significativo sobre la imparcialidad, la libertad de expresión y la democracia en el país.
El TEPJF determinó que AMLO violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante el proceso electoral del pasado 2 de junio, señalando que sus declaraciones en las conferencias matutinas, conocidas como «mañaneras», influenciaron indebidamente a los votantes. Los magistrados argumentaron que el Presidente promovió su «Plan C» y llamó a no votar por el «bloque conservador» y sí por la transformación, lo cual se consideró una coacción al voto.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) presentó un recurso de revisión ante la Sala Superior del TEPJF, argumentando que la resolución atenta contra la democracia y restringe la libertad de expresión del Presidente. Según la CJEF, los magistrados descontextualizaron las declaraciones de AMLO y actuaron con parcialidad, apoyándose en argumentos «baladíes» para emitir su fallo.
AMLO y otros funcionarios de su administración, como Sigfrido Barjau de la Rosa y Pedro Daniel Ramírez Pérez, también impugnaron la resolución, sosteniendo que las medidas adoptadas por el TEPJF son arbitrarias y violan los derechos reconocidos constitucionalmente y en tratados internacionales.
La resolución del TEPJF ha provocado reacciones diversas. Mario Delgado, presidente del partido Morena, calificó la decisión como «excesiva» y acusó a los magistrados de tener preferencias políticas. Por otro lado, figuras de la oposición, como Xóchitl Gálvez, han insistido en que AMLO utilizó recursos públicos y programas sociales para coaccionar el voto, criticando que no haya sanciones a pesar del fallo del TEPJF.
Además, 22 gobernadores de Morena suscribieron una declaración en contra de la resolución, argumentando que atenta contra la libertad de expresión de AMLO. Este respaldo subraya la polarización y la complejidad del debate en torno a la intervención del Presidente en los procesos electorales.
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