Redacción: Joel Charles
El secretario de Estado, Antony Blinken aceptó que parte de México vive bajo el control de los cárteles, además de que abrió la puerta para que a estos se les llame “Organizaciones terroristas foráneas”
De igual forma, el secretario reconoció que el gobierno mexicano ha trabajado con apoyo estadounidense en acciones “significativas” contra “organizaciones criminales transnacionales”, pero esos esfuerzos han sido insuficientes.
“Requieren hacer más, ser más efectivos”, dijo durante una tensa interacción con el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsay Graham, quien introdujo una resolución para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Blinken agregó que esa designación oficial no habilitará a EU con herramientas o autoridad legal adicional, pero Graham lo corrigió diciendo que hasta ahora no existe estatuto para acusar a intermediarios chinos como cómplices de terrorismo en calidad de abastecedores de precursores químicos.
Por su parte, el gobierno mexicano no se quedó callado ante la situación, el primero en hablar sobre esto fue el canciller Marcelo Ebrard, que aseguró que lo que dijo el secretario fue en un ambiente “de presión” por parte del congresista republicano Lindsay Graham.
“Lo vi muy presionado, pero dijo que México está haciendo mucho. Y eso no es politiquería”, dijo tras la presentación de la edición conmemorativa de la Revista Mexicana de Política Exterior.
Ken Salazar, quien es embajador de EU, se limitó a decir que ambos países están trabajando contra la violencia.
“Los desafíos de seguridad han estado por mucho tiempo, pero ahora lo llevamos como socios”, declaró en entrevista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En cuanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el informe sobre los derechos humanos en México elaborado por el Departamento de Estado.
Durante su conferencia matutina, el presidente acusó que se trata de un “bodrio” elaborado por un “departamentito” dentro de dicha institución.
El texto, elaborado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, advierte que en México hay “problemas significativos” por ejecuciones, desaparición, tortura, restricción a medios e insuficiente investigación de casos de violencia de género.
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