La construcción de un estado con vocación democrática requiere componentes claros que no sólo permitan, sino que incentiven la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, ya sea a través de la entrega programada de información o la apertura institucional para la consulta del uso y manejo de los recursos públicos.
Indiscutiblemente, debemos fortalecer el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, ya que son los mecanismos fundamentales para exigir a la autoridad realizar sus objetivos principales: trabajar en beneficio de la sociedad, y generar las condiciones para el desarrollo de un espacio público justo.
En México, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en 2015, reconoce el acceso a la información como un derecho humano en toda la Federación, desde el poder legislativo, el Estado de Quintana Roo, fiel a su compromiso del fortalecimiento social, en su sesión del pasado 25 de junio de 2024, aprobó la emisión de la convocatoria para la integración del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
La Convocatoria está dirigida a universidades públicas y privadas en el estado y a organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa del derecho humano a la información o la transparencia y puede ser consultada en la siguiente liga: https://www.congresoqroo.gob.mx/estrados/. Las propuestas podrán ser presentadas, de acuerdo con la convocatoria, hasta antes del 02 de julio.
La transparencia implica que la información pública sea accesible para la ciudadanía sin obstáculos, que sea comprensiva incluyendo los datos relevantes, que sea confiable y de calidad, y que permita fortalecer el diseño de las políticas públicas y la certeza de la administración del recurso público.
La rendición de cuentas es el control y la fiscalización de los recursos públicos: económicos, materiales o humanos, supervisando que las acciones de la administración pública sean acordes a la ley.
La transparencia frena a la corrupción, y la rendición de cuentas permite cuestionar o sancionar a las autoridades y servidores públicos que no utilizan correctamente los recursos públicos bajo su responsabilidad, es decir, son los elementos mediante los cuales la ciudadanía ejercen su potestad sobre los actos de gobierno.
Un gobierno democrático, como el nuestro, debe ser transparente y estar sujeto al escrutinio público, por ello, debe rendir cuentas para explicar y justificar sus acciones. Los legisladores, que hemos recibido la encomienda de verificar, programar y autorizar el uso del recurso público, requerimos de una activa participación ciudadana para completar el ciclo democrático y consolidar los procesos de formación de ciudadanía, tanto en Quintana Roo como en todas las entidades que integran el país.
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