COP26: sin fondos para pérdidas ni daños, el reclamo de los países más vulnerables

Los países más afectados por la crisis climática reclaman financiamiento por parte de los países desarrollados, los responsables históricos. Un grupo ya recurrió a los tribunales internacionales.

La cumbre climática (COP26) entró en su semana decisiva. El día se dedicó a pérdidas y daños, uno de los temas más polémicos en estos encuentros. Este tema es el que pone el foco, directamente, sobre los países más desarrollados ya que a ellos se les reclama el financiamiento para las poblaciones que ya sufren los embates de la crisis climática. Este año, la presidencia del Reino Unido ha puesto el tema junto con las políticas de adaptación, algo con lo que no todos están de acuerdo.


Por supuesto que es cuestión de dinero y de flujos. Para adaptar el territorio a las consecuencias del cambio en el clima, la COP de Varsovia, en 2013, habilitó tres fondos para financiar proyectos en países en desarrollo. Pero los cálculos de costo por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente(UNEP), que publica un informe anual, superan por mucho la actividad de los fondos.

Según el informe, las cantidades anuales que serán necesarias en 2030 para que los países en desarrollo puedan adaptarse al clima, si se cumplen las anunciadas reducciones de emisiones, sería en la parte alta de entre 100.000 y 300.000 millones de dólares anuales. En 2050, siempre según la UNEP, estarían más cerca de 500.000 que de 225.000 millones.

Las cifras con las que habría que compensar las pérdidas y daños causadas por el cambio climático en 2030, según el Fondo Mundial para la Naturaleza(WWF), serían mayores. En este contexto, las cantidades ofrecidas por los países desarrollados son aún menores que las donadas para la adaptación.


El ministro de Exteriores de Tuvalu, Simon Kofe, se dirigió la pasada semana a los asistentes a la cumbre climática en Glasgow con traje y corbata, tras un atril, con dos banderas y un mar bellísimo como decorado, con el agua hasta su cintura. Denunciaba así, desde Funafuti, que su atolón se está hundiendo en el mar.


En Glasgow, se proyectaron vídeos desde Papua Nueva Guinea en los que una voz describía también el impacto que la subida del nivel del mar. Anegada la tierra, los lugareños tendrían ahora que sostener con cuerdas los árboles bananeros porque el suelo no los deja echar raíces.


Agricultura, infraestructuras, agua y gestión de riesgo acaparan tres cuartas partes del capital que financia proyectos de adaptación a los diversos efectos que se achacan al calentamiento del planeta. Los presupuestos se han reducido como efecto de la pandemia y la deuda contraída por los estados no augura una pronta mejora, según la UNEP.


Los efectos del cambio climático podrían impactar ya al 85% de la población mundial. A esa conclusión llegó un equipo de investigadores que analizó cerca de 100.000 estudios publicados entre 1951 y 2018, relativos al calentamiento del clima, con la ayuda de sistemas informáticos.


Los resultados fueron publicados en la revista Nature Climate Change, en un artículo bajo el título Mapeo de atribuciones y pruebas basadas en el aprendizaje automático de 100.000 estudios de impacto climático.


El objetivo de la agencia de la ONU es que los países que forman parte de la convención del cambio climático redacten un plan nacional de adaptación y comience su implementación. En el caso de pérdidas y daños, la petición es más simple y directa. Los países más afectados quieren dinero, que no tiene la ‘Santiago Network’(Red Santiago), el organismo de la ONU dedicado a la asistencia técnica.


El vicepresidente de la Unión Europea, Frans Timmermans, dijo en Glasgow que “hay razones para estar alegre”, porque en esta cumbre se han anunciado compromisos que hubiesen parecido “casi imposibles” hace apenas dos años. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que fue la estrella del día ayer, registró como “desalentador” que no estén las máximas autoridades de China y Rusia en esta cumbre.


Pero el grupo de países menos desarrollados (LDC, por sus siglas en inglés) se ha quejado públicamente de que los ricos se niegan a contemplar compensaciones por el daño que habrían causado sus emisiones desde la Revolución Industrial. El panel científico de la ONU al fin y al cabo achaca a esas emisiones la responsabilidad del calentamiento y a este los eventos extremos o lentos, como la subida del nivel del mar o las sequías.


Un anuncio de donaciones a fondos de adaptación que es la milésima parte de lo que la UNEP considera que será necesario anualmente en 2030, y la noticia del enojo de los países más pobres por la negativa de pago por los responsables del CO2 histórico, es el final de la primera jornada de la semana final de la cumbre.


Las naciones en primera línea de fuego, afectadas por los impactos climáticos, son drásticas y no esperan un acuerdo en la COP26. Antigua y Barbados y Tuvalu pedirán opiniones al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) por la responsabilidad legal de los países por las emisiones de carbono y el aumento del nivel del mar. Vanuatu también solicita un dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre los derechos de las generaciones actuales y futuras a ser protegidas del cambio climático.


Otro tema escabroso es el artículo 6 del Acuerdo de París, el único que queda por definir para comenzar a utilizar los mecanismos financieros y no financieros que necesitan los países para empezar a negociar sus recortes de emisiones contaminantes.


En estas reuniones diplomáticas, un indicador de progreso es el número de paréntesis en los textos. Normalmente, cuantos más corchetes, más incierto es el resultado. En este artículo 6, existen 290 secciones de texto [entre corchetes]. Hay muchas lagunas que cerrar y trampas que descartar, con dos puntos clave a tratar esta semana: más financiación y menos trampas/greenwashing. Como indicador de la preocupación de los países en desarrollo por la financiación en esta COP, los países africanos están profundizando las negociaciones en torno a una tasa de adaptación sobre las compensaciones de carbono porque no ven que la financiación venga de ningún otro sitio.


Una argentina, premiada

Ayer también hubo algunas buenas noticias para América latina. La argentina Lilian Gregorio, de Fundación Plurales y la guatemalteca Andrea Monzón, de Todos Juntas recibieron el Premio a las Soluciones Climáticas Justas desde la perspectiva del Género.


Anualmente participan de esta convocatoria mundial más de 150 propuestas de las cuales se seleccionan tres, con el objetivo de premiar las mejores prácticas. Este año, Fundación Plurales es una de esas organizaciones que recibe el galardón por el trabajo desempeñado en el Programa Defensoras Ambientales (impulsado con el Fondo de Mujeres del Sur y cofinanciado por la Unión Europea Argentina) y la Escuela Feminista para la acción Climática (impulsada en el marco de la alianza GAGGA).


Desde 2015, la Unidad de Mujeres y Género y el Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN) reúnen a defensores del medio ambiente y feministas de todo el mundo que utilizan un enfoque de igualdad de género y derechos de las mujeres al implementar el Acuerdo de París para combatir la crisis climática.


El Programa de Defensoras Ambientales es una línea de acción estratégica de Fundación Plurales y el Fondo de Mujeres del Sur que surgió en 2015 y se fue implementando a través de diferentes financiamientos y proyectos específicos. Busca fortalecer organizaciones de mujeres que aborden el Cambio Climático, a través de una perspectiva de Justicia de Género. Apoya a su vez la defensa de los territorios hostigados por el extractivismo, la contaminación y la pérdida de protagonismo de los actores locales. Apostamos a procesos de participación climática efectiva a través de la incidencia y la transformación para hacer efectiva la Justicia Ambiental.


El programa está dirigido a mujeres de Argentina, Bolivia y Paraguay, que participan de grupos o redes que se propongan estrategias de defensa de sus territorios. Para lo cual buscamos desarrollar conocimientos y habilidades vinculadas a la incidencia política, adaptación y mitigación frente al cambio climático y la preservación del medio ambiente, para aumentar la resiliencia de los grupos, fortalecer la sostenibilidad de sus demandas, y disminuir la vulnerabilidad de sus estrategias de sobrevivencia.


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