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Cuestiona Ministro legitimidad de la segunda etapa del Plan B electoral de AMLO

Redacción Tercer Ojo



El Ministro Javier Laynez Potisek preside la revisión del proyecto, sugiriendo que el Congreso de la Unión podría haber transgredido significativamente durante el procedimiento legislativo.


El foco de este análisis se sitúa en el Decreto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que conforman la segunda etapa del Plan B electoral.


El Ministro Laynez Potisek, responsable de la revisión del proyecto, plantea cuestionar la legitimidad de esta segunda fase del mencionado "Plan B". La razón se basa en la sospecha de que el Congreso de la Unión podría haber incurrido en importantes irregularidades durante la aprobación del Decreto.


Según él, estas presuntas violaciones serían suficientes para anular completamente el decreto en cuestión, lo cual sería coherente con la doctrina jurisprudencial mantenida por la Corte en más de treinta casos y que define los criterios mínimos para la validez de un proceso legislativo.

En el caso que se analizará, se detectaron posibles transgresiones adicionales graves al proceso legislativo, que no se habían abordado en casos previos.


Entre las supuestas irregularidades, se menciona que la propuesta original, publicada en la Gaceta Parlamentaria, fue reemplazada por una versión modificada durante el debate en el pleno de la Cámara de Diputados, sin que se informara adecuadamente a los legisladores sobre la sustitución y las alteraciones.


Además, se indica que las Cámaras realizaron modificaciones a los artículos del proyecto de Decreto que ya habían sido aprobados en sesiones previas, lo cual es estrictamente prohibido por el artículo 72, inciso E, de la Constitución Federal.


Según el Ministro Potisek, todas estas supuestas violaciones habrían afectado seriamente la posibilidad de que los legisladores federales participen de manera activa e informada en la deliberación de las normas propuestas para votación, lo que sería suficiente para anular completamente el decreto impugnado.

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