El desafío más relevante que tiene el INE en 2024 es la construcción de confianza, no como un propósito unilateral, sino a través de la responsabilidad compartida de todos los actores involucrados. El acompañamiento de los partidos políticos para llevar a buen puerto las diversas atribuciones del INE en la administración de las elecciones, es fundamental. Andreas Schedler señala que dentro de los factores que obstaculizan la construcción o el mantenimiento de la confianza se encuentran: problemas de coordinación, inercias culturales, tendencia intrínseca de la desconfianza al autorreforzamiento, intereses de corto plazo, valores e identidades antiinstitucionales, ignorancia y la no percepción de cambios en los patrones de interacción. (Schedler, 1995)
El INE debe apuntar sus esfuerzos y recursos hacia el reforzamiento de condiciones de gobernabilidad perdurables que brinden certeza y seguridad tanto a quien pierde las elecciones como al que las gana, poniendo a la ciudadanía en el centro de sus esfuerzos. Es la ciudadanía y no los partidos políticos ni las candidaturas independientes, las que requieren todo el cobijo institucional para darle credibilidad a la imparcialidad de los procesos técnicos que lleven al triunfo a cualquier candidata o candidato en cualquier nivel y por consiguiente generar confianza en la transparencia electiva. El capital social se consolida a partir de la participación ciudadana, se favorece la resolución de conflictos y se consolidan los regímenes existentes.
Es un hecho que la autoridad electoral se ha adaptado a las transformaciones de la realidad política a través del cambio institucional, siendo uno de los principales promotores del pluralismo político. Ha acatado las atribuciones que le mandata el Legislativo e intentado integrar funciones que de origen no eran de su competencia.
En este sentido, es necesario que la autoridad electoral esté preparada para posibles reformas vendieras. En definitiva la elección presidencial de 2024 será inédita. Será la primera vez que la ciudadanía podrá escoger en el caso de la Presidencia de la República entre dos candidatas hasta el momento predefinidas, las dos con posibilidades de triunfo, lo cual posiblemente fragmente considerablemente la votación del electorado.
Algunas personas especializadas del entorno académico e intelectual han hablado sobre la posibilidad de establecer la segunda vuelta electoral o ballotage en el sistema político mexicano como un esquema que posiblemente ayudaría a formar gobiernos o coaliciones de mayoría y evitar el posible rechazo de la ciudadanía hacia una candidata o candidato que triunfe con un electorado francamente dividido. Este esquema electoral está contemplado ya en algunos países europeos como Francia, España y Alemania, y en países latinoamericanos como en es latinoamericanos como en as de establecer la Repb para ocupar el cargo mrsistema pol como de su competencia. las reformas Costa Rica, Brasil, Perú y Uruguay, entre otros, cuando la mejor candidatura no obtiene la mitad más uno de los votos.
Este tema sin duda atravesaría el fortalecimiento de la legitimidad y la capacidad de decisión de la institución presidencial, con el fin último de que las elecciones se realicen mediante mayoría absoluta de votos cuando ninguna candidata o candidato obtenga la mayoría necesaria para ser electo en primera votación. Sin embargo, se ha escrito mucho sobre la teorización del tema pero muy poco sobre la mecánica de su operación.
La incorporación del ballotage al sistema constitucional mexicano supondría importantes retos para el INE, porque con independencia de que se abra o no la segunda vuelta, existiría la obligación de realizar dos elecciones en un término de tiempo reducido, de conformidad con las particularidades de nuestro andamiaje. (Astudillo, 2010).
En este contexto, se tendría que considerar la capacidad operativa y funcional del INE para realizar esta transformación de gran envergadura, además de tener conocimiento del impacto al entramado institucional y los costos presupuestales de una propuesta en la que definitivamente habría un redimensionamiento notable en la maquinaria electoral.
Independientemente de que el Constituyente Permanente tenga la intención de realizar una reforma electoral posterior a la elección de 2024, estamos como sociedad mexicana con la obligación de reflexionar el cúmulo de retos de un modelo de organización electoral basado en la existencia de múltiples garantías para procurar que los resultados sean certeros y confiables. De esta manera, la entrada al 2024 se vislumbra con un cúmulo de áreas de oportunidad y con desafíos para hacer frente de manera inteligente y con innovación política a la realidad que vivimos en el entorno democrático y de libre participación de la ciudadanía.
Antonio Horacio Gamboa Chabbán
Maestro en Derecho Político y Administración Pública