El presente análisis parte de dos premisas fundamentales: la primera es que la autoridad electoral, renombrada como Instituto Nacional Electoral (INE) a partir de 2014, es una institución que ha fortalecido la gobernabilidad así como la participación ciudadana en México en las útimas tres décadas; la segunda está relacionada con la adaptación de esta institución a las crisis propias de los procesos electorales y que como tal ha sido el artífice para impulsar todo tipo de transformaciones político-electorales en nuestro país.
Desde estas dos premisas reflexiono acerca de los principales retos que se vislumbran en esta década y que son, sin lugar a dudas, desafíos que tienen que ver en primer lugar con la construcción de un vanguardista andamiaje institucional ante elecciones cada vez más competitivas que son observadas por una ciudadanía informada y crítica y, en segundo lugar, con el acompañamiento de los partidos políticos para llevar a buen puerto las diversas atribuciones del INE en la administración de las elecciones.
El año de 1990 es el referente obligado en el que a partir de una serie de reformas constitucionales y electorales, se ordenaba la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) junto con la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), actualmente abrogado y sustituido por la legislación electoral del 2014 denominada Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
A poco más de 33 años de la creación del extinto IFE, hoy INE, el Constituyente Permanente ha aprobado reformas constitucionales en materia electoral en 5 ocasiones (1993, 1994, 1996, 2007 y 2014), todas ellas derivadas de los cambios institucionales y el pluralismo político del país. Los principios normativos de su actuación como una institución imparcial que da certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales, siguen siendo algunos de sus ejes rectores, sin embargo, sus atribuciones a lo largo del tiempo se han expandido hacia otros ámbitos producto de los resultados propios de cada proceso electoral.
La elección del 2006 fue precisamente un parteaguas para transformar el panorama electoral. Con los resultados tan cerrados de la votación presidencial (menos de un punto porcentual entre los dos candidatos a la presidencia), el Constituyente Permanente, impulsa la reforma electoral del 2007 en donde se le otorgaron 53 nuevas atribuciones al entonces IFE, entre las que destacan el aseguramiento de condiciones de equidad en las contiendas, la regulación del acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de comunicación y la creación de la Unidad de Fiscalización como órgano con plena autonomía para observar, revisar y verificar los gastos de campaña de los candidatos y sus partidos.
Las funciones de la autoridad electoral se incrementaron y aunque en definitiva no complicaron su fin útlimo de organizar las elecciones, sí lo hicieron con respecto a la relación con los partidos políticos al tratar de resolver los conflictos entre partes. Asimismo, como responsable del monitoreo de los anuncios en radio y televisión por parte de los partidos, el IFE entró en ocasiones en confrontación con algunos de los poderes económicos más importantes del país.
El tema no es menor pues en la medida que ha existido una precariedad en el cumplimiento de las reglas pactadas en un inicio por los actores, hay en consecuencia un reforzamiento de las acciones de creación o reforma de los ordenamientos que hacen más complejo el desempeño esperado. (Alarcón, 2016)
Recordemos que antes de la creación del INE se hablaba en palabras del politólogo italiano Giovanni Sartori de un sistema de partido hegemónico (Sartori,1993) que ganaba la mayoría de las elecciones sin ningún competidor lo suficientemente fuerte para derrocarlo. Esa era la dosis de autoritarismo de un partido que era el heredero de la ideología de la revolución y que había impulsado el desarrollo económico, pero intolerante a la posibilidad de fracasos en la esfera electoral.
Muy diferente es el panorama político actual. Han pasado poco más de dos décadas de que los ciudadanos coexistan con la alternancia política en casi todo el territorio mexicano. El proceso de democratización indudablemente avanzó en el año 2000 con el cambio de partido en la Presidencia y a su vez repercutió en un incremento de la competencia electoral en todas las esferas de gobierno. A mayor alternancia mayor competitividad, es cierto, sin embargo, esta condición no se ha traducido en mayores candados para evitar prácticas clientelares.
Los esquemas de malas prácticas asociadas con la comisión de delitos electorales y prácticas de corrupcíón de muy diverso corte han mostrado el surgimiento de nuevas dinámicas de corrupción clientelar o corporativa, las cuales lamentablemente se han sumado al incremento de la presencia del crimen organizado en las propias estructuras del poder político; lo anterior ha influido en la selección de candidaturas o en la acción de gobiernos estatales y municipales, lo que también redunda en la demanda de introducir mayores controles en el financiamiento y la fiscalización de los recursos de las campañas electorales. (Castro, 2014).
En este contexto, los resultados de la elección presidencial del 2012 trajeron una segunda alternancia al poder en la democracia mexicana, pero también serios cuestionamientos sobre el resurgimiento de conductas como la compra clientelar del voto por parte de los partidos contendientes y el presunto desvío de recursos públicos. Por ello, en febrero del 2014 el Legislativo se dio a la tarea de reformar nuevamente la legislación electoral con lo que se espera generar una supervisión y control más puntual de dichas conductas.
Así, de la práctica de un esquema de federalismo altamente desconcentrado se ha pasado a un diseño que restaura parcialmente la concepción de un organismo único (nacional) que tendrá predominio e influencia en los ámbitos territoriales y administrativos inferiores con la expectativa de tener como resultado un mejor sistema de controles y desempeños mutuos entre las diversas instancias del proceso electoral, y por ende, promover una mayor legitimidad y confianza en la aceptación de los resultados surgidos de los comicios, tanto entre los partidos como entre los propios votantes. (Ortega y Somuano, 2015)
Lo anterior ha obligado a entrar a una ruta más cierta y precisa de cambios institucionales con una enorme inteligencia política. En su conjunto estas leyes determinan también las nuevas reglas en materia de financiamiento y fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de la nueva figura integrada en la ley sobre candidaturas independientes, con el objetivo de fortalecer y dar transparencia al origen y destino de los recursos, tanto en su operación ordinaria como en las campañas electorales.
Se ha dotado a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE con más y mejores dientes para revisar todos los gastos e informes que presenten tanto partidos políticos como candidatos independientes sobre el origen, monto, destino y aplicación de sus recursos sobre cualquier modalidad de financiamiento y de actos para el apoyo ciudadano, así como ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes. Sólo en el Proceso Electoral Federal (PEF) 2014-2015 con las nuevas reglas del juego en la materia, el INE sancionó a los partidos políticos en su conjunto por la cantidad de 322,164,192 pesos, según datos de la UTF en su sitio de internet.
Continuará…
Antonio Horacio Gamboa Chabbán
Maestro en Derecho Político y Administración Pública