Redacción: Laura **
Víctimas y entidades sociales apuntan al Instituto de Vivienda de la CDMX como parte de una red de expropiación ilícita.
En una alarmante serie de revelaciones, diversas organizaciones y víctimas de la usurpación de bienes inmuebles han señalado al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) y a las autoridades capitalinas, alegando que están gestionando una red de expropiación ilegal. Aseguran que el propósito es beneficiar a grupos sociales alineados con las políticas del gobierno actual y a ocupantes ilegales de propiedades, también conocidos como paracaidistas.
Según la diputada local Daniela Álvarez Camacho, en conversación con Publimetro, se han rastreado al menos 30 incidentes en la Ciudad de México en los que el INVI parece estar apoyando a paracaidistas que usurpan las propiedades de ciudadanos, incluso frente a resoluciones judiciales que protegen a las víctimas.
Durante una sesión en el Congreso de la CDMX, varios residentes afectados por este tipo de expropiaciones compartieron sus historias. Entre ellos, Carlos Ruiz de Teresa y su familia, quienes han estado luchando por su propiedad desde 2005, cuando fue invadida por el grupo conocido como la Asamblea de Barrios.
Carlos relató cómo su edificio en la calle Antonio Caso, situado en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc, fue objeto de una invasión en 2005. En 2012, esta invasión se transformó en un proceso de expropiación liderado por el INVI para desposeerles formalmente de la propiedad.
Además, Ruiz alega que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX ha estado obstaculizando su acceso a la justicia, al no seguir adecuadamente su caso. Compartió que en el curso de los últimos 14 meses, su caso ha pasado por ocho Ministerios Públicos diferentes y su expediente ya cuenta con más de 4 mil páginas.
Ruiz de Teresa solicitó que el Ministerio Público exija al INVI que justifique un segundo procedimiento de expropiación. Sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido respuesta alguna del Instituto, presidido por Anselmo Peña Collazo.
Casi dos décadas después de la invasión de su propiedad, y pese a tener resoluciones judiciales a su favor, Carlos y su familia continúan enfrentándose a los esfuerzos del INVI por desposeerles de sus bienes. Por otro lado, los paracaidistas se resisten a abandonar el edificio, a pesar del peligro de colapso.
La diputada Daniela Álvarez Camacho señaló: "Estamos al tanto de más de 30 casos ya certificados..."
Por otra parte, personas como Rigel Osornio Sierra, que compró un inmueble en la calle Tlaxcala 22, en la colonia Providencia de la alcaldía Gustavo A. Madero, en 2022, y meses después encontró paracaidistas habitando su propiedad, también han denunciado la corrupción dentro de la Fiscalía.
Osornio Sierra describe su experiencia con las autoridades como un "viacrucis", pues no sólo su caso ha sido ignorado, sino que el personal de la Fiscalía de Investigación Territorial en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) le ha solicitado dinero para acelerar el proceso.
Es importante recordar que entre 2019 y 2022, los terrenos recuperados por la FGJ de la CDMX por despojo aumentaron en un 300%. De acuerdo con el Artículo 237 del Código Penal de la CDMX, la pena por ocupar un inmueble ajeno de forma forzosa o furtiva va de dos a cinco años de cárcel y multas de hasta 51 mil 870 pesos.
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