top of page
  • Foto del escritorTercer Ojo Inform...

El “Plan B” no se frena

Redacción: Joel Charles

“La Constitución sólo faculta a la SCJN para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales”, pero existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado”, detalla el documento de la Consejería Jurídica.


Se advierte que “el Ejecutivo Federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico”, subrayando que la determinación de Laynez “resulta contraria a los principios fundamentales del estado de derecho que nos rige, pues es preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula controversias constitucionales lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar el equilibrio sano entre los poderes de la unión”.


“De esta manera se garantiza el orden constitucional y democrático, además de proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa contra las leyes que rigen su actuación”. En el pronunciamiento de la Consejería Jurídica del gobierno federal se subraya que “el ministro Laynez arrancó hojas de la Constitución” para proceder, pues el artículo 105, fracción 1, impide que se promuevan controversias constitucionales en el ámbito electoral.


“La Constitución sólo faculta a la SCJN para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral; esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”.


En el documento se reivindica que el objetivo de la reforma electoral era reducir costos burocráticos en la organización y “afianzar los principios democráticos para que los derechos político-electorales de la ciudadanía” sean verdaderamente respetados y no ocurran más fraudes, como en el pasado.

0 comentarios

Коментари


bottom of page