Redactor: Sam Torne
En el contexto de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha presentado una contrapropuesta. Esta intervención busca generar un equilibrio entre las demandas del gobierno y la estabilidad del Poder Judicial (PJ), enfrentando las crecientes manifestaciones y el paro laboral que protagonizan los trabajadores de este sector en diversas partes del país.
Mientras la propuesta de reforma judicial de AMLO continúa avanzando en el Senado, las tensiones aumentan con grupos de ciudadanos, estudiantes y trabajadores del PJ que han salido a las calles a manifestar su inconformidad. La reforma propone cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, incluyendo la elección popular de jueces, magistrados y ministros, una reducción del tiempo en el cargo y la disminución del número de ministros de 11 a nueve.
La contrapropuesta de Norma Piña
En respuesta a la reforma presidencial, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, ha presentado una contrapropuesta que, según sus palabras, tiene como objetivo «lograr un sistema integral de seguridad pública y justicia en México». Si bien no se han revelado todos los detalles del documento en su totalidad, la ministra ha destacado que su enfoque está centrado en preservar la independencia del Poder Judicial y fortalecer su eficiencia, sin comprometer la imparcialidad ni politizar la elección de sus miembros.
Uno de los principales puntos de la contrapropuesta de Norma Piña es la oposición a la elección popular de jueces y ministros. La ministra argumenta que este método podría politizar el proceso de selección y comprometer la independencia de los funcionarios judiciales. En su lugar, su propuesta contempla una reforma interna que busque optimizar los mecanismos de selección, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas.
Respecto a la reducción del número de ministros en la SCJN, Piña ha señalado que tal medida no resolvería los problemas estructurales del Poder Judicial, sino que, por el contrario, podría afectar la capacidad del tribunal para abordar los casos de manera eficiente. En su contrapropuesta, se sugiere mantener el número actual de ministros y, en su lugar, promover una mayor capacitación y profesionalización del personal judicial para mejorar la calidad del trabajo.
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