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En la UNAM, Radiografía del Plan B del gobierno

“El pueblo es tu voz y es tu fuerza, vivir en plena libertad es un tesoro

Te defiendo con mi voto sin delicadeza, aunque muchos te desprecian vales oro”.


José Manuel Rueda Smithers


Con precisión en tiempo y forma, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hizo público el documento titulado Radiografía del Plan B: la reforma electoral de 2023 a examen.

Seguramente en cuanto el inquilino de ahí, frente al Zócalo, tendrá que llamar a sus aduladores pata que lo calmen en cuanto sepa (porque difícilmente debe leer) quiénes dirigieron este trabajo #64 de la serie Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia: María Marván Laborde y Javier Martín Reyes. La primera edición está fechada apenas el 23 de febrero de 2023.

Son 367 páginas de contenido efectivo dividido en 8 apartados en 24 capítulos, en los que un grupo de investigadores analizan los problemas del proceso legislativo que culminó con la aprobación de la reforma electoral de 2023.

“Aunque tiene algunas bondades, la reforma electoral de 2023 se caracteriza por sus muchos problemas, muchos de los cuales se traducen en vulneraciones a las reglas y principios constitucionales”, señalan los autores.

Los académicos convocados señalan que “tenemos la seguridad de que habrá mejores momentos para publicaciones académicas más completas y exhaustivas”,

Pero también en el Senado de la República se armaron de valor para analizar este dichoso plan con el que la 4t piensa pasar a una siguiente fase de competencia:

Un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD) señala el “Plan B” electoral se perfila como la reforma electoral más impugnada en el Poder Judicial.

Algunas notas periodísticas mencionan que fue por la prisa con que se aprobó por el Congreso, pero también por sus alcances y posibles repercusiones en el diseño institucional para organizar elecciones en el país.

El documento titulado “Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)”, señala que la reforma buscó modificar el 43% de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Modificarían 214 artículos de los 493 que conforman a esta ley. De igual forma se agregarían 64 artículos y se derogarían 38.

Y fue el miércoles 22 de febrero cuando el Pleno del Senado aprobó el asunto. Las modificaciones a la ley fueron aprobadas, en lo general y en lo particular, con 72 votos a favor y 50 en contra. Un punto importante es que se rechazó la polémica cláusula de “vida eterna” para los partidos políticos, que al parecer de los analistas, fue solo un distractor para evitar el manejo de todos los demás puntos que ya irán saliendo sobre los cambios de la política electoral en México.

El texto limita política y económicamente al INE y se compactan sus estructuras, así como algunas funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice suprimir duplicidad de funciones de áreas administrativas del INE y reduce de 300 oficinas distritales a 264.

También, por primera vez se reconoce que los migrantes mexicanos o los residentes mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por Internet. Además, se establecen las bases para el voto electrónico y por primera vez se suprime o se prohíbe que se haga uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto en la jornada electoral.

Otra disposición del Plan B de la Reforma Electoral es que los partidos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos, como jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas LGBT y personas con discapacidad.

Hay buen tema para leer y charlar los próximos meses.


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