
El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua ha emitido un fallo determinante que afecta al panorama político en el estado al bloquear la candidatura del diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, destacado miembro de Morena en la región. Esta decisión se basa en acusaciones de violencia política de género dirigidas contra su compañera de bancada y presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras.
Los magistrados electorales concluyeron que Estrada Sotelo incurrió en actos de violencia política contra Terrazas Porras, incluyendo la retención de una parte considerable de su dieta legislativa. Este retiro de fondos, que alcanzó la suma de 525 mil pesos, se efectuó como represalia luego de que Terrazas Porras rechazara instrucciones de Estrada Sotelo y asumiera la presidencia del Congreso del Estado.
Las acusaciones presentadas por Terrazas Porras incluyen también presiones ejercidas por Estrada Sotelo sobre otras diputadas de Morena para que rechazaran roles en la Mesa Directiva, así como la promoción de un ambiente hostil hacia Terrazas Porras dentro de la bancada.
Este caso resalta no solo las dinámicas internas y los conflictos de poder dentro de los partidos políticos, sino también la importancia cada vez mayor que se da a la violencia política de género en el ámbito electoral. La decisión del Tribunal Estatal Electoral de incluir a Estrada Sotelo en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) es un claro mensaje sobre la gravedad de este tipo de conductas y la necesidad de erradicarlas del ámbito político.
En respuesta a esta resolución, Cuauhtémoc Estrada Sotelo ha anunciado que impugnará la decisión ante la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rechazando también la solicitud de ofrecer disculpas públicas a Adriana Terrazas Porras en la siguiente sesión del Congreso del Estado.
Este caso, que ha capturado la atención pública en Chihuahua, subraya la importancia de abordar y prevenir la violencia política de género en todas sus formas, así como la necesidad de que las instituciones electorales y legislativas tomen medidas efectivas para garantizar un ambiente político justo y equitativo para todas las personas, independientemente de su género.
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