El 1 de septiembre de 2024, estudiantes de Derecho de diversas universidades de México llevaron a cabo una marcha en la Ciudad de México para manifestar su rechazo a la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta manifestación coincidió con la presentación del último informe de gobierno del mandatario, lo que incrementó la tensión entre las diferentes facciones políticas y sociales del país.
La marcha, que fue organizada por estudiantes de las principales facultades de Derecho, contó con la participación de miles de jóvenes que marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Los estudiantes expresaron su preocupación por lo que consideran un ataque a la independencia del Poder Judicial y un intento de centralizar el poder en manos del Ejecutivo.
Las críticas de los estudiantes a la reforma judicial
La principal preocupación de los estudiantes es que la reforma judicial sugerida por López Obrador debilitaría la independencia del Poder Judicial. Una de las medidas más controvertidas es la propuesta de elegir a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante voto popular. Los estudiantes argumentan que esta medida podría politizar aún más el sistema judicial, al permitir que los candidatos hagan campaña para obtener votos, lo que comprometería su imparcialidad.
Además, los estudiantes señalaron que la reforma incluye cambios en el proceso de selección de los jueces, como la eliminación de los exámenes de conocimientos y la reducción de los requisitos académicos. Según los manifestantes, estos cambios disminuirían la calidad de la justicia en México y abrirían la puerta a la corrupción y el clientelismo en el Poder Judicial.
Reacciones políticas y sociales ante la marcha
La marcha estudiantil ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras que sectores de la oposición han respaldado la movilización y han señalado que refleja el malestar de una parte importante de la sociedad mexicana, el gobierno y sus aliados han minimizado la protesta, calificándola de un intento de desestabilización impulsado por intereses ajenos al bienestar del país.
El presidente López Obrador, durante su informe de gobierno, se refirió brevemente a las críticas hacia su reforma judicial, defendiendo la necesidad de democratizar el Poder Judicial y garantizar que los jueces y magistrados sean elegidos por el pueblo, en lugar de ser nombrados por las élites. Asimismo, afirmó que su gobierno no cederá ante las presiones de aquellos que buscan mantener el status quo.
Por otro lado, la marcha también recibió el apoyo de diversas organizaciones civiles y académicas, que han manifestado su preocupación por las posibles implicaciones de la reforma. Estas organizaciones han pedido al gobierno que reconsidere algunos de los aspectos más polémicos de la propuesta y que abra un diálogo amplio y transparente con la sociedad para buscar soluciones que fortalezcan la justicia en México sin comprometer su independencia.
Comentários