Fabricantes de armas rechazan demanda; responsabilizan a México de violencia y corrupción

El Gobierno de México afirmó que busca ‘un comercio responsable’, pero las empresas de armas estadounidenses piden a México llevar a los cárteles ante la justicia.

La Asociación de la Industria del Comercio de Armas de Fuego (NSSF, por sus siglas inglés) rechazó la demanda interpuesta por el Gobierno de México en una Corte del Distrito de Massachusetts, Estados Unidos, contra las 10 grandes compañías fabricantes de armas, acusándolas de prácticas negligentes y de ser consciente de que sus productos se trafican ilegalmente a nuestro país para abastecer a los grupos del crimen organizado.


A través de un comunicado, la NSSF afirmó que todas las armas de fuego que se comercializan al por menor dentro de los Estados Unidos se venden de acuerdo con las leyes federales y estatales. También señaló que las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor “son evidentemente falsas”.


Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y asesor jurídico de NSSF, sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento y expuso que “el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”.


“La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al Ejército Mexicano y a las fuerzas del orden público”.


Keane señaló que, “en lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia”.


En su comunicado también recordó que el Gobierno Federal de México recibe una ayuda considerable de los contribuyentes estadounidenses, por lo que es el único responsable de hacer cumplir sus leyes, incluidas las estrictas leyes de control de armas del país, dentro de sus propias fronteras”.


Finalmente, la NSFF señaló que el gobierno de Estados Unidos también vende armas de fuego directamente al gobierno mexicano, y que “los soldados mexicanos continúan desertando para trabajar para los cárteles de la droga, llevándose consigo sus rifles de servicio fabricados en Estados Unidos”.


“En los últimos años, el número de deserciones se ha disparado a más de 150 mil 000. Según los cables del Departamento de Estado de Estados Unidos, las armas más letales utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de los arsenales centroamericanos. Además, según un informe de 2006 de Amnistía Internacional, China suministraba activamente armas a países latinoamericanos, que posteriormente fueron incautados en México.


En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México declaró que “se esperaba que (los demandados y la industria de comercio de armas en Estados Unidos) tratarían de litigar el asunto en medios y no en cortes donde, ante un juez, se tendrá que valorar la evidencia que existe actualmente”, y de “deslindarse de cualquier responsabilidad en el tráfico ilícito de sus armas a México y de los daños que estas ocasiona”.


A través de una nota informativa, la Cancillería expuso que la demanda es respetuosa de la legislación de Estados Unidos, ya que la Suprema Corte de su país reconoce que un gobierno extranjero puede demandar en cortes estadounidenses, y descartó que pretenda atentar contra la Segunda Enmienda de su Constitución.


La SRE afirmó que la demanda no está en contra del comercio de armas, “lo que busca es un comercio responsable en donde, si en verdad las empresas demandadas se rigieran por la ley, tendrían prácticas comerciales más estrictas”.


La dependencia federal concluyó afirmando que “en el litigio se probará que las empresas demandadas incurren en prácticas ilícitas y negligentes”, y explicó que busca lograr que las empresas armamentistas:

  1. Se abstengan de anunciar entre la población civil, armas de alto poder para fines militares.

  2. Sancionen a distribuidores y vendedores que violan la ley estadounidense.

  3. Cooperen con las autoridades estadounidenses para identificar la ruta que siguieron en la cadena comercial, armas utilizadas en delitos en México. Esta información podría beneficiar a la investigación y procuración de justicia.

  4. No dirijan su publicidad a grupos delictivos.


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