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Falló la prevención, los muertos no votan




En días pasados se han generado toda clase de comentarios en torno a la responsabilidad del presidente de la República frente al devastador huracán Otis en el Estado de Guerrero.


Inclusive, algunos de los que están a favor de su visión de país, rechazaron su fría respuesta no tan sólo ante las consecuencias por todas y todos conocidas, sino en el contexto de las medidas preventivas que no se adoptaron en tiempo y forma para evitar fundamentalmente, pérdidas humanas.


Uno de los comentarios que de manera reiterada ha señalado el presidente de la República tiene que ver con una publicación en X, realizada la noche anterior a la embestida del Huracán, para referirla con precisión, a las 20:15 horas y que, menciona la posibilidad de que la población acepte acudir a los albergues previstos para tal efecto.


Se pueden analizar cifras del alcance que tiene X en nuestro país, especialmente en el Estado de Guerrero y si se quiere con mayor precisión en dos municipios: Acapulco y Coyuca de Benítez, sin embargo, por el alcance que tiene X en nuestro país, de poco más de 17 millones de usuarios, es altamente probable que justo a las 20:30 horas, específicamente en Acapulco, lo que menos estuviera haciendo la población es estar pendiente de las publicaciones que realizara el Titular del Ejecutivo Federal en redes sociales.


Si se trata de medios de comunicación, me refiero a radio y televisión, por supuesto que, en términos legales y reales, tienen mayor posibilidad de que un encadenamiento de señal hubiese tenido mayor eficiencia para prevenir este tipo de fenómenos naturales. En el contexto legal, es a la Secretaría de Gobernación, a quien corresponde ordenar un encadenamiento de señal, en términos del artículo 217 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece en sus fracciones II y III, lo siguiente:


“Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

II. Ordenar y coordinar los encadenamientos de las emisoras de radio y televisión;

III. Ordenar la transmisión de los boletines de cualquier autoridad relacionados con la seguridad y defensa nacional, conservación del orden público o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier desastre natural;…”


En este sentido, en el Estado de Guerrero de acuerdo con información publicada el pasado 21 de septiembre de 2023, por parte del Instituto Nacional Electoral, están registradas y operando un total de 74 emisoras de radio y 47 canales de televisión, para hacer un total de 121 concesiones tanto comerciales como permisionarias públicas y sociales.


Cualquier autoridad federal, estatal o municipal está en condiciones de generar boletines que incluyan medidas de prevención ante los desastres naturales y con ello garantizar que la población esté debidamente informada, situación que no sucedió con el huracán Otis.


El Sistema Nacional de Protección Civil que se integra por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios, entre otras instancias, falló. De nada sirvieron para prevenir los efectos del huracán Otis, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, las normas, las instancias, los principios, instrumentos, políticas, procedimientos servicios y acciones que establecen la corresponsabilidad de las dependencias y entidades del sector público entre sí, tal y como lo prevé la Ley General de Protección Civil en su artículo 14.


Falló la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil. Fallaron los Comités Interinstitucionales que entre otras cosas apoyan a las autoridades en el diagnóstico y toma de decisión en la gestión del riesgo, con la finalidad de reducir al máximo -señala la Ley- los posibles daños que pudiesen generar. Quedó inoperante el Manual de Organización del Sistema Nacional. Fueron poco funcionales los Convenios de Coordinación en la materia que delimitan las políticas, lineamientos y acciones de coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios.


Resultó inoperante el Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil, institución técnica-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil, encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión (artículo 23 de la referida Ley).


Falló también el Consejo Nacional de Protección Civil, así como el Comité Nacional a quien corresponde entre otras responsabilidades la emisión de boletines y comunicados conjuntos hacia los medios de comunicación y público en general, acorde a lo dispuesto por el artículo 34 de la multicitada Ley.


Dejó como poemas idílicos, el Programa Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo en temas de Protección Civil, así como el Programa de Protección Civil Estatal y de paso los correspondientes Programas Municipales. Ya ni hablamos de la profesionalización de la Protección Civil a que hacen referencia los artículos 46 al 48 de la Ley General de Protección Civil.


Todo falló y todos fallaron, excepto la publicación en X del presidente de la República, que, por cierto, hace referencia a “refugios”. Quizá para darle claridad a la eficacia de su publicación, los Gobiernos Estatal o Municipal deberán aclarar: ¿Dónde estaban ubicados esos refugios? ¿Cuántos refugios eran y con qué capacidades cada uno? ¿Cuántas personas aceptaron ser trasladadas hacia ellos la noche de la publicación? ¿Cuántas no? ¿De cuántas camas disponían en esos refugios? ¿Cuántos litros de agua tenían disponibles? ¿Para cuántos días tenían alimento?


Estoy seguro que las respuestas serán nulas y ahí surge otra pregunta ¿Será que poco le importan electoralmente los municipios de Guerrero al partido en el poder, así como las Diputaciones Federales y Senadores de la República?, porque si hubo nulo funcionamiento de estructuras federales, estatales y municipales -que he mencionado y que no son pocas-, para generar condiciones óptimas de prevención, aún en el corto tiempo en el que tomaron conocimiento de los riesgos, la respuesta quizá tiene que ver con el interés electoral enfocado a otras entidades y municipios que dan más votos, porque los muertos, no votan, -con razón, pero con cinismo-, según ha afirmado el ciudadano Hugo López Gatell, todo esto, de frente al proceso electoral que está en marcha.

Antonio Horacio Gamboa Chabbán

Maestro en Derecho Político y Administración Pública


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