top of page
  • Foto del escritorTercer Ojo Inform...

Garduño en el INM

Redacción: Joel Charles



El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, ha heredado más de 450 millones de pesos en violaciones y presiones para malversar recursos públicos, quedando solo alimentos, saneamiento, traslados migratorios y vigilancia y mantenimiento de estaciones e inmigración.


El país cuenta con 35 sitios en 26 estados, atendiendo a 4.300 inmigrantes simultáneamente, además de 348 residentes temporales. Año tras año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reporta irregularidades con fondos destinados a inmigrantes indocumentados, que no se corrigen con la llegada de nuevos titulares.


Garduño, que había heredado rastros de corrupción, tampoco recibió las cuentas. Sólo en 2020, la ASF encontró 143,3 millones de pesos en pagos indebidos en su auditoría TIC al instituto, y al menos 2,3 millones de pesos en pagos indebidos por servicios de alimentación de inmigrantes.


Según el contrato de “Arrendamiento de Equipos de Cómputo de Escritorio” CS/INM/136/2019, Comercializadora Antsua recibió un canon de 107,7 millones de pesos por un mes, del 29 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, y prorrogado hasta el 31 de marzo de 2020. El proveedor adjudicó el equipo por 65 millones de pesos, pero no se prestaron más servicios. La ASF calificó los 42,7 millones de pesos (el resto) como posible peculado porque el plazo de 30 días del contrato "justificaba la adquisición y no el arrendamiento".


La Auditoría Superior señaló que no se analizó la conveniencia de esa adquisición y sólo se consideró “el servicio”. Además, Nemecisco distribuyó parte de los recursos recibidos a empresas ubicadas en Estados Unidos, Suiza, Panamá e Israel.


De acuerdo con el Registro Público de Comercio, Comercializadora Antsua se constituyó en Tlalnepantla en Edomex en 2017, perteneciente a Omar Guadalupe Ramírez Carrillo y Armando Tapia García, mientras que Nemecisco se fundó en marzo de 2018 en CDMX, con las socias Mayra Fernández Martínez y Marcella García López. Ambos tienen el mismo representante legal: Marco Antonio Suárez Cedillo.


Tras un encuentro entre el comisionado del INM y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acordaron una nueva coordinación para tratar el flujo de indocumentados en la entidad y en particular de Ciudad Juárez, donde miles de extranjeros esperan poder de cruzar a Estados Unidos.


“A partir de mañana estaremos reuniéndonos con áreas operativas para poder dar atención a esta migración irregular”, explicó la Coordinación de Oficinas de Representación del INM.

0 comentarios

Comments


bottom of page