Coahuila, México. La jueza Karina Martínez, titular del Juzgado Penal Acusatorio en Piedras Negras, Coahuila, ha sido suspendida de su cargo un día después de que un tribunal le concediera una suspensión provisional como parte de su amparo contra la reciente reforma judicial en el estado. Martínez sostiene que la sanción responde a una represalia directa, ya que, un mes antes, denunció por acoso laboral a un colaborador del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.
La jueza argumenta que su suspensión, en el contexto de la reforma judicial, busca intimidar a quienes cuestionan o se oponen a los cambios que afectan la autonomía del poder judicial. La reforma, aprobada en meses recientes, se ha presentado como una herramienta para “purgar el sistema judicial” y combatir la corrupción; sin embargo, la jueza Martínez teme que el verdadero impacto de esta reforma sea la incorporación de personas afines al poder político en las posiciones judiciales, debilitando la independencia del sistema.
Una denuncia que desata represalias
Desde 2021, Karina Martínez ha enfrentado lo que describe como un acoso laboral constante por parte de un administrador del Juzgado Penal en Piedras Negras. Según la jueza, este colaborador no solo cuestionó sus acciones laborales y le negó vacaciones, sino que también la amenazó con trasladarla a otra ciudad si continuaba denunciando sus quejas ante las autoridades judiciales.
“Mandó a un superior para amenazarme, me dijo que le bajara a las quejas o me cambiarían de adscripción a otra ciudad. Parece que no puedo hacer nada sin enfrentar represalias”, relató Martínez a La Silla Rota. La jueza presentó una solicitud de medidas de protección el 3 de septiembre, y, aunque el estado le otorgó un acuerdo de "no violencia", esta medida, en teoría, debería haberse resuelto en ocho horas, conforme a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, pasaron más de dos meses antes de que se implementara parcialmente.
Martínez ha señalado que el proceso de “no violencia” aún no está activo, ya que solo se aplicará durante la etapa de defensa formal, una situación que, asegura, contraviene las disposiciones de protección inmediata que la ley establece para casos de violencia contra mujeres en el ámbito laboral.
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