En una maniobra sin precedentes para garantizar la competencia leal y la operación independiente en el sector energético, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha impuesto condiciones rigurosas a la venta de 13 plantas eléctricas pertenecientes a Iberdrola Generación México y sus subsidiarias a Mexico Infrastructure Partners (MIP) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
El acuerdo, que pone a prueba la estructura de gobernanza de las empresas energéticas en México, requiere que MIP y Fonadin operen las plantas de manera autónoma y sin influencias cruzadas en el mercado, preservando así la integridad competitiva del mismo. Este mandato viene acompañado de una serie de salvaguardas diseñadas para evitar la concentración de poder y el intercambio de información sensible entre competidores, aspectos cruciales para mantener un mercado justo y dinámico.
La resolución de Cofece establece que Fonadin debe limitar su inversión al 51% y buscar un administrador independiente para las plantas, cambios que deben implementarse dentro de los siguientes 24 meses. Además, se imponen controles y mecanismos que refuerzan la independencia de las decisiones de administración, asegurando que éstas se tomen con votaciones calificadas o bajo la supervisión de miembros independientes.
Con estas medidas, Cofece no solo protege la competencia económica, sino que también fortalece el gobierno corporativo y la independencia operativa de las plantas en cuestión. Además, se designará un oficial de cumplimiento independiente para monitorear la adherencia a estas condiciones, con una vigencia de 10 años y sujetas a verificación continua por parte de la Comisión.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha respaldado esta decisión, destacando que la transacción se alinea con el compromiso del Estado mexicano de liderar en la generación de energía eléctrica y asegura que no presionará las finanzas públicas. Más aún, se prevé que la adquisición contribuya al objetivo nacional de generar el 54% de la electricidad del país, con un agregado de 8,500 megavatios (MW) a la capacidad actual.
La SHCP también señala que esta operación no incrementará la deuda pública más allá del costo de adquisición del 51% de las plantas y, de hecho, representa una nueva fuente de ingresos para el Estado. La financiación del 60% de la compra provendrá de la banca de desarrollo y comercial, con la intención de involucrar también a las Afores y otros inversionistas institucionales en el futuro cercano.
Con estos compromisos, la Cofece y la SHCP buscan asegurar que la transacción cumpla con los estándares más altos de competencia y gobernanza, promoviendo un mercado energético más robusto y autónomo para México. La operación, sujeta a estas condiciones, deberá finalizarse en los próximos seis meses, marcando así un hito en la regulación del sector energético del país.
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