A más de 100 años de que fuera promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la mayoría de la población se ha convertido en acreedora del beneficio que nuestros antepasados lograron con un gran acuerdo nacional plasmado en la Carta Magna, que protege a todos, pero que beneficia a pocos.
En efecto, durante todos los años revolucionarios un grupo se apoderó del poder y se le olvidó hacer posible que el pueblo fuera el verdadero merecedor de los beneficios económicos, sociales y culturales de la Revolución Mexicana.
Es más rentable para un político prometer que cumplir y es ahí, donde el poder sigue en deuda con el pueblo.
Las comunidades indígenas en nuestro país, los mayores acreedores de la lucha revolucionaria, con problemas severos de pobreza, de alimentación, de vivienda, de acceso a educación, a servicios de salud, a impartición de justicia y a no discriminación, entre otros temas.
Relativo a la pobreza, de acuerdo con la población según pertenencia étnica, -según datos del CONEVAL-, el 71% de los indígenas en México en situación de pobreza y de ahí todavía un alto porcentaje en pobreza extrema, datos alarmantes que refieren los altos índices de rezago para tener acceso a condiciones de alimentación adecuadas, a una vivienda digna, ya ni hablar del acceso a la educación, los servicios de seguridad social representan un derecho casi negado, en general, no cuentan con mecanismos que el Estado Mexicano haya sido capaz de garantizar para favorecer un desarrollo equilibrado de la personalidad de sus integrantes, por lo cual, la discriminación de que son objeto estos grupos sociales representan una vulnerabilidad casi inevitable en su condición de vida, aspecto que debería de ocuparnos para desterrar prácticas discriminatorias en su contra.
Hoy frente al COVID19, las comunidades indígenas con muestras de falta de información, orientación, atención médica, prevención y contención de consecuencias por el padecimiento.
Por otro lado, otro de los sectores que son acreedores del poder, son los campesinos de nuestro país que han sido golpeados durante muchos años y se ha evidenciado la explotación de que son objeto, por las condiciones inequitativas para la distribución de programas de apoyo al campo, que en un inicio fue acaparado por los grandes productores quedando sin oportunidad de acceder a dichos subsidios los pequeños productores.
Las condiciones generales de trabajo de los jornaleros agrícolas no son dignas de un trabajo decente y hasta ahora, las sanciones impuestas por las malas condiciones en que se encuentran desarrollando su trabajo casi en su totalidad han sido revocadas o anuladas por autoridades que han revisado el procedimiento de imposición de dichas sanciones y que, para variar, no se encuentran acorde a la Constitución o a las leyes aplicables.
Parece irracional que, a más de 100 años de haber concluido una revolución motivada entre otros factores por la desigualdad, prevalezcan condiciones de inequidad y no exista una política pública orientada a generar un avance real en el sector.
Con enormes carencias, en un alto porcentaje sumidos en el desapego de Gobiernos que, con el estandarte de ayudar a los más necesitados, han generado desde hace muchos años llamados programas o políticas que en la realidad no muestran un avance en las condiciones de vida de millones de mexicanos.
El magisterio nacional que no ha sido reconocido por su profesionalismo, por el esfuerzo de impulsar el conocimiento de millones de estudiantes en nuestro país.
Hoy más que antes, se vislumbra un desajuste importante en materia de educación en nuestro país, dado que el COVID19, ha evidenciado que la lucha por la educación en México tiene frente a sí, un gran reto para modernizar los mecanismos de generación de contenidos, la profesionalización tecnológica del magisterio, pero también la posibilidad que tienen los millones de estudiantes en diferentes niveles de nuestro país, comenzando por los niveles básicos de tener acceso en principio a servicios de internet que les permita mantener aulas virtuales del conocimiento.
Otro de los grupos marginados son los obreros que hoy se encuentran en el eslabón más débil de la cadena productiva, dado que en muchos casos han sido sacrificados por los dueños del capital y las políticas del Gobierno tienden a repartir vía diversos programas sociales recursos a padrones habría que revisar si la prioridad es la necesidad de estos grupos sociales.
La deuda del poder es a la mayoría de las mexicanas y mexicanos que, con su trabajo, ¡hoy no se identifican con un decálogo para enfrentar la pandemia que tiene matices del consejo de un padre de familia!
La deuda del poder es a la mayoría de las mexicanas y mexicanos que, han buscado trabajo y no encuentran oportunidades bien por no tener los méritos académicos porque no tuvieron oportunidad de prepararse, por encontrarse sobrevaluados o porque la edad ya no ayuda porque las empresas contratan gente joven “con experiencia”.
La deuda el poder es con la juventud que se encuentra un México lleno de odio, sin soluciones a problemas reales que se viven día con día, sumidos en la violencia, en la polarización, en políticos de antes que no representan sus intereses reales.
La deuda del poder es con millones de mexicanas y mexicanos que buscamos vivir mejor, tener mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida, salir a la calle e intentar que ese día, no coincida un delincuente con nosotros que quizá después de atacarnos, de robarnos, de generar violencia en contra de nosotros, de nuestras familias, ni siquiera lo detengan por la impunidad que existe.
La deuda del poder es con millones de mujeres que día con día se encuentran acosadores que las atacan en el supermercado, en el trabajo, en el transporte y que, con violencia verbal en la mayoría de los casos, atacan sin respeto a su individualidad, a su forma de vestir, a su manera de expresarse, atacan sin sentido con total impunidad. A los millones de mujeres ultrajadas con violencia en los hogares y que, al generar una llamada de auxilio, no se le escucha, no se le apoya, no se le respeta, al contrario, se le estigmatiza.
La deuda del poder tiene que ver con la necesidad que tenemos las mexicanas y mexicanos de buscar mejores condiciones de empleo, mejor remunerado, de emprender negocios exitosos, de generar fuentes de empleo, de sentirnos libres para producir, para vivir o inclusive para elegir.
La mayoría de las mexicanas y mexicanos no queremos líderes corruptos, mentirosos, llenos de odio, no queremos a los mismos políticos de siempre buscando la manera de mantenerse en el poder por el poder mismo, con discursos vacíos, prometiendo lo que no son capaces de generar, no queremos ser una estadística más, queremos tener derecho a vivir, a tener seguridad, a poder expresarnos libremente, a no ser objeto de violencia física, verbal o psicológica.
La deuda del poder es tener derecho a que nos traten como seres pensantes con deseos de imaginar que tenemos derecho a un México exitoso y próspero.
La deuda del poder nos da las herramientas a todas y todos para elegir a las mejores personas, a los mejores perfiles, a quienes nos traten con dignidad y respeto, porque eso merecemos como punto de partida de una revolución que buscó combatir los abusos de quienes, desde el poder hasta a la fecha, nos deben respeto.
Mtro. Antonio Horacio Gamboa Chabbán
Director General de Evidens, S.C.
Presidente del Colegio de Abogados de América Latina COTAL, A.C.
3327080736
Síguenos en redes sociales o suscríbete nuestro boletín informativo en nuestra página web y mantente informado.
