Por Mtro. Antonio Horacio Gamboa Chabbán.
Invertir bajo un marco normativo y que el Gobierno en turno lo respete, eso se llama Estado de Derecho.
Hacer respetar el Estado de Derecho, es lo que intentarán harán los inversionistas después de recibir como balde de agua fría la noticia de que las reglas cambiaron sin previo aviso y esto ¿qué implicaciones tiene? probablemente el Estado Mexicano estará obligado a pagar indemnizaciones o algunos pagos compensatorios se acordarán. Se traducirá en dinero, lo que precisamente no tiene el país.
¡Dicho coloquialmente, se llama arbitrariedad!
Puede corresponder la razón a las decisiones de Gobierno o no, pueden mostrar su lado llamado nacionalista y de manera exacerbada imponer reglas por la fuerza sin consenso, sin negociación, sin embargo, en sociedades avanzadas con participación democrática, participación ciudadana y social, sin expectativa de inversionistas, la solución de controversias usualmente se realizaría de otra manera.
Lo anterior, sin considerar además que hacia el futuro inmediato cualquier inversionista extranjero que tenga capital para invertir, pensará seriamente, si México constituye un lugar seguro para invertir o si esto constituiría tirar el dinero a la basura, ante una decisión unilateral, adoptada con una justificación de la crisis de salud que afecta a todos por igual y donde lo que se requiere es capital.
Inclusive, si un ciudadano mexicano, como parte del pueblo, decidiera invertir sus recursos en un negocio en nuestro país, estaría buscando que lo que decidiera el éxito de su negocio, fueran las condiciones de mercado, su habilidad para vender y posicionar en el mercado sus servicios o productos, mas no, que un gobernante decida eliminar sin mas, la posibilidad de mantener su negocio, su inversión.
Imponer reglas que no incentivan la inversión, nacional o extranjera, disminuye la posibilidad de credibilidad y a menor inversión, menos empleos, menos riqueza, dicho de otra manera, el Gobierno estará administrando la distribución de la pobreza.
Y las consecuencias para el Estado Mexicano, más allá de que un Tribunal Internacional obligue a pagar indemnizaciones o éstas se acuerden previamente, estamos caminando en sentido inverso a lo que el resto del mundo está haciendo como responsabilidad ante la humanidad y que es cuidar el medio ambiente.
Quizá habrá “especialistas” o “fanáticos” que digan lo contrario, que la generación de energía sin cuidar el medio ambiente constituye el primer paso para que nuestro país sea el gran generador de energías limpias sin intervención extranjera y con ello garantizar que la transformación no va directo a la destrucción, sin embargo, el sentido común se inclina por considerar que no vamos en el sentido correcto como lo están haciendo el resto del mundo para cuidar en mejores condiciones la salud del planeta.
La realidad es que nuestro planeta requiere de acciones que han ido adoptando la mayoría de los países y apostar por la generación de energía sin cuidar el medio ambiente representa una apuesta muy peligrosa ante el resto del mundo, dado que no deberían estar por encima los intereses “nacionalistas” de aquellos que representan la sustentabilidad del planeta, nuestra estabilidad hacia generaciones venideras.
Lo que advierto en decisiones de este tipo, así como la planta cervecera en Baja California de igual manera el NAIM, es que no va a coexistir la cuarta transformación con el reconocimiento de derechos y de inversiones, justificando su nivel absoluto de intervención en no tolerar el abuso hacia el pueblo.
Lo que vale la pena reflexionar es el piso en el que estamos de frente a los comicios federales y estatales a celebrarse en 2021 y 2024.
Al respecto, hago un apunte que no resulta ocioso, a partir de las experiencias electorales del grupo en el poder, dado que el discurso de que las autoridades electorales violentaron los derechos del “pueblo” siguen generando comentarios cuando de la autoridad electoral se trata, no obstante que legalmente quedó acreditado quién ganó la elección federal en 2006 al cargo de presidente de la República, y no es menor señalar que fueron esas supuestas violaciones las que generaron el cierre de Reforma en 2006 e incentivaron un fallido Gobierno legítimo.
La cuestión por resolver es si estamos exentos de que haya una determinación en torno a los procesos electorales, que, así como las propuestas en torno al INEGI y otras más, nos sorprendan, para hacer valer “la voluntad del pueblo” y tratándose de temas electorales, con ello enterrar 30 años de esfuerzos democráticos que, por cierto, han sido arquitectos y operadores paradójicamente de la organización de la última elección presidencial.
Si las promesas efectuadas en la campaña electoral pasada y durante muchos años mas, no han sido cumplidas por la justificación que sea, se trata de ineficacia o abuso de Gobiernos anteriores, a manera de ejemplo el ejército en los cuarteles y la generación de energías limpias, en conclusión es algo que se llama falta de congruencia, y ahí surge el tema, acaso ¿será respetado el marco normativo electoral de este país?, la respuesta la veremos durante los próximos 13 meses, quizá lo podamos ver con claridad hasta el proceso electoral 2023-2024, lo cual es muy peligroso para la estabilidad democrática, familiar y personal de todas y todos.
Lo que corresponde a cada una de las y los ciudadanos que vivimos de nuestro trabajo, que buscamos mejorar las condiciones de nuestro entorno familiar, que no somos adversarios, fifís, zopilotes, conservadores y que tenemos sentido común y la necesidad de hacer de México un buen lugar para vivir, es ejercer nuestro voto en las próximas elecciones federales y estatales según corresponda, y hacer valer ante todo y ante todos que se mantenga fuerte la autoridad electoral, tanto INE como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son los únicos alfileres que le quedan a este país para hacer valer el voto de los ciudadanos, entendiendo que pueblo, de acuerdo con nuestra Constitución Política, somos todas y todos.
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