Un principio cognitivo que nos faculta para dar significado al conocimiento lo tenemos en la narrativa —que entre otros aspectos moldea de diversas maneras nuestro sentido de identidad y de pertenencia— y cuya tácita intención es la valoración a partir de la cavilación de los arquetipos que nos proporciona la cultura, tanto de nuestro entorno, como de la que nos es transferida desde otras latitudes y, con ello, vislumbrar el potencial de innumerables escenarios equivalentes. Lamentablemente, se han generado un sin fin de «modelos discursivos» o «narrativos» que corresponden al fenómeno de la corrupción y cuyos nefandos actores —institucionales y empresariales— los perciben más que pertinentes para sus deshonestas actividades.
Obviamente, no pequemos de inocencia, tan negativo proceder está presente en todo el mundo, lo que acarrea exorbitantes costos éticos, políticos, económicos, sociales y culturales, así como perturbadora indiferencia hacia las favorables disposiciones en el desarrollo educativo, cívico y moral de un alto porcentaje de la humanidad, de esta manera, se subestima el fundamental derecho de contar con una mejor calidad de vida, además de excluir en su irritante actuar la probidad, transparencia e integridad de la mayoría de las instituciones públicas. Si esto no es suficiente, habrá que añadir las nocivas prácticas de enorme cantidad de personas —de todos los estratos sociales— que desgraciadamente fomentan el delito de cohecho hacia servidores públicos mediante el ofrecimiento de sobornos a cambio de realizar u omitir actos inherentes a sus cargos.
El pernicioso y frecuente hábito omite numerosas particularidades de tan singular fenómeno, por lo que vale observarlo desde sus definiciones para enfatizar cómo a partir de circunscribirlas sea posible obtener referentes que pongan de manifiesto su indeterminada composición. Un asunto a tener en cuenta es de orden etimológico: la palabra «Corrupción» proviene del verbo griego Fzeiro (corromper) y del adjetivo griego Afzartos (incorruptible) así como de la expresión latina Rumpere que alude a arrancar, aplastar, arruinar y romper. No obstante, los términos latinos tienen un significado tan ambiguo que no auxilian para determinar el propósito en cuestión, por lo que ninguno la describe —a la corrupción— atendiendo a sus múltiples características, o sea, desde su completitud y hasta su complejidad.
En este meollo, los componentes cardinales de la conducta ilícita prosperan cuando el servidor público tiene jurisdicción, facultades discrecionales y deleznable responsabilidad, por lo que el ejercicio de sus «concesiones» le brindan el contexto ideal para generar —en complicidad con quien impulsa ese proceder— las principales disposiciones para tan brutal resabio de quien debería realizar su labor en bienestar de la sociedad.
Según el Banco Mundial —organización que tiene su deplorable lado oscuro— afirma que «Los países podrían mejorar extraordinariamente la calidad de vida de su población si se combinaran las políticas de fomento del crecimiento económico con las encaminadas a ampliar el acceso a la educación, a proteger en mayor medida el medio ambiente, a ampliar las libertades civiles y a combatir más enérgicamente la corrupción». El mentado Banco hace referencia a estudios que señalan que las naciones podrían duplicar el ingreso per cápita afinando cualitativamente sus sistemas jurídicos y afrontando con eficiencia a la corrupción y el cohecho, reformando con preponderancia los derechos del medio ambiente y los humanos como los que tienen que ver en temas de salud, vivienda, educación, alimentación, igualdad y prohibición de discriminación, integridad y seguridad, libertad de expresión, de tránsito, residencia, sexual y reproductiva, de acceso a la información, a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, en concreto, a una vida digna.
En ese sentido, el país que ampara en su gobierno normas de protección a las personas y a los ecosistemas, con expreso interés en la preservación del medio ambiente —para las presentes y futuras generaciones— es denominado Estado de Derecho Democrático Social y Ambiental. Factores como la buena administración consolidan los conceptos de justicia y orden que regulan las relaciones humanas, logrando con ello reproducir magnánimas derivaciones, así como consolidar el respeto a los principios y normas que están fundamentados en las cartas de derechos constitucionales, lo que nos encamina a los orígenes esenciales de la sana y justa democracia.
En todos está la responsabilidad de evitar tan amarga conducta. Favorezcamos el bien común con algo tan básico y estimable como lo es el propio ejemplo.
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