La nueva política energética de la SENER en México acelerará el cambio climático


Por Miguel Ángel de Alba.


La política en materia de generación de energía eléctrica publicada el 15 de mayo por la Secretaría de Energía (Sener), acelera el cambio climático, va en contra de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por México en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y cierra el paso a las energías renovables, al ofrecer como alternativa la quema de combustóleo, advirtieron representantes de varias organizaciones.



En videoconferencia conjunta, con Jorge Villarreal, de Iniciativa Climática de México (ICM), Stephan Brodziak, de El Poder del Consumidor, y Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, advirtió que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, implica graves riesgos ambientales.


Recordó que México asumió el compromiso internacional, que luego convirtió en ley, de generar 35 por ciento de su electricidad a partir de fuentes renovables para el 2024. Sin embargo, con la política recién publicada y el Acuerdo emitido el 29 de abril en la misma línea, esta meta será imposible de alcanzar, porque se privilegian energías fósiles para producir electricidad y se cierra el paso a las renovables, con el pretexto de que son inestables.


La política climática del actual gobierno tiene implicaciones en el medio ambiente, donde se puede augurar que no vamos a cumplir las metas climáticas de llegar a cero emisiones en 2050.

Además, quemar combustóleo tendrá severos impactos en la salud de las personas, sobre todo en quienes viven en áreas colindantes a las termoeléctricas y en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, así como otras cuencas densamente pobladas.


También hay consecuencias económicas, ya que generar electricidad con combustóleo es más caro que hacerlo con energía eólica o fotovoltáica. El aumento en los costos llevará a un incremento en las tarifas de electricidad o de los subsidios, sin descartar recortes en áreas prioritarias como salud y educación.


“Es preocupante el estancamiento de las energías renovables, pero más el retroceso al uso de combustibles descontinuados y prohibidos en el mundo, como el combustóleo, decisiones que tendrán implicaciones graves en términos de salud, ambientales y económicos, debido a la ineficiencia y alto costo en los procesos de generación”, señalaron.


No podemos seguir quemando combustóleo para generar electricidad y cerrar la puerta a alternativas renovables que deben enmarcarse dentro del respeto a los derechos humanos, advirtió Pablo Ramírez.


Por otra parte, esta nueva política y el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033, parecen enfocarse a un “ajuste de cuentas” con la Reforma Energética del anterior gobierno e imposibilita el desarrollo de fuentes de energía renovable, con la consecuente caída de inversiones extranjeras directas, como ya denunciaron los embajadores de Canadá y de la Unión Europea en México.


Stephen Brodziak, de El Poder del Consumidor, enfatizó que “las medidas tomadas por la SENER son contraproducentes para enfrentar la emergencia sanitaria por la COVID-19, porque se tendrá que aumentar el uso del combustóleo para la generación eléctrica, con lo cual aumentarán considerablemente las emisiones de varios contaminantes que afectan la salud de la población.


Especificó que las enfermedades respiratorias son una de las causas más importantes de co-morbilidad en las muertes por la COVID-19. Además, dichas emisiones afectan el medio ambiente y hace casi imposible cumplir las metas adquiridas en el Acuerdo de París.


Anaíd Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, advirtió que la Política “contiene violaciones de forma y de fondo. Por una parte, viola el procedimiento de mejora regulatoria, pues su publicación ignora el derecho a la participación social que por ley debería hacerse para este tipo de actos, y por otra, transgrede importantes derechos humanos, como los derechos al medio ambiente sano y a la salud”.


Jorge Villarreal, de Iniciativa Climática de México (ICM), puntualizó que “en México no cabe más el combustóleo; su uso en las termoeléctricas afecta directamente al medio ambiente y a la salud pública”.


Si debido a la pandemia de COVID-19 la prioridad es atender y fortalecer la salud de las personas, no se debe apostar por una fuente que merma su salud y las vuelve más vulnerables. Cada año hay miles de muertes asociadas a la exposición de partículas emitidas por las plantas termoeléctricas, añadió.


Los proyectos de energías renovables deben realizarse con pleno respeto al marco de los derechos humanos, incluidos los derechos de las comunidades, porque nos dan la mejor oportunidad para garantizar un desarrollo sostenible al abastecer las necesidades energéticas sin contaminar, atender la pobreza energética presente en la tercera parte de los hogares del país, y reducir emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir los compromisos internacionales en la materia, concluyó.


Las organizaciones coincidieron en que esta nueva política contiene muchos defectos en los aspectos ambiental, social, económico, de salud y legal, por lo que no descartaron que se vaya a combatir ante los tribunales.


Fuente: Ambiental News


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