La restricción de los derechos humanos de los mexicanos ante la pandemia por COVID-19


Por María del Pilar Hernández.


Elementos contextuales extranjeros


El 31 de diciembre de 2019, nos sorprendió con la noticia de la existencia de un nuevo virus en Wuhan, China, primero innominado y sólo reconocible por ser un coronavirus, identificado después como SARS-CoV2 (COVID-19) activó algunas alarmas. El descubrimiento de casos en Italia y la celeridad exponencial del contagio que empezó a marcar diversas localidades europeas determinó, finalmente, la declaración por parte de la OMS, 11 de marzo de 2020, de la categoría de pandemia.


El contexto nacional


La falta de claridad y contundencia en las líneas de acción de las autoridades federales, como sucedió en otras latitudes, activó la reacción de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, entre los primeros: el gobierno municipal de San Pedro Garza García en Nuevo León; Querétaro; Jalisco; Guanajuato; Sinaloa; Guerrero; Tabasco; Yucatán; Veracruz e, incluso, la Ciudad de México, la primera y urgente medida en resguardo de los niños, niñas y adolescentes fue la suspensión de clases de educación básica y media –pública y privada–, a partir del 17 de marzo, incluidos los gobiernos de Colima, Michoacán, Tlaxcala y Tamaulipas. Algunas entidades, como Sonora, suspendieron, incluso, la educación superior.


Las estrategias de salud pública adoptadas para prevenir el contagio fueron las recomendadas por la OMS y se encuentran previstas en el Reglamento Sanitario Internacional (en adelante RSI), y son, a saber: el aislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social –incluye el home office o trabajo en casa, lavado de manos, estornudo de etiqueta, entre otros.


Las entidades federativas proactivas no actuaron por ocurrencia sino en ejercicio de sus facultades concurrentes en materia de salubridad general, con fundamento constitucional (a. 73, fr, XVI y la Ley General de Salud)


La emergencia sanitaria y la restricción de derechos


La naturaleza misma de la emergencia, como ya lo hemos asentado, exige acción pronta que, inopinadamente, conlleva la afectación a derechos, cualquiera que sea el procedimiento jurídico que se ponga en operación.


La pandemia Covid-19 dejó en claro que las entidades federativas cuentan, como lo hemos asentado supra, con facultades en la materia las cuales se refuerzan a la luz de sus propios ordenamientos normativos, específicamente de sus constituciones.


He de expresar mi sorpresa al encontrar que, de las 32 entidades federativas, sólo 13 mantienen en texto original consagrada en el a. 1° de la Constitución federal, me refiero a la expresión en materia de derechos los cuales “…no podrán restringirse o suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”, me refiero a Aguascalientes (a. 2°), Baja California (a, 7), Baja California Sur (a. 7), Coahuila (a. 2°), Guanajuato (a. 1°), Hidalgo (a. 4°), Estado de México (a. 5°), Nayarit (a. 7), Nuevo León (a. 1°), Oaxaca (a. 1°), Tabasco (a. 2°), Tamaulipas (a. 16), Yucatán (a. 1°), Zacatecas (a. 21).


¿Qué derechos se restringen?


Hasta ahora se han restringido la libertad de tránsito, la libertad de reunión en las entidades federativas.


Lo que me interesa resaltar es que, la facultad de suspender o restringir derechos en manos de los Gobernadores, si bien es plausible, debe estar controlada por los Congresos estatales, además contener el decreto:


  1. Que se trata de una restricción por contingencia sanitaria;

  2. El ámbito espacial, total o parcial, de la entidad;

  3. Establecer la temporalidad y vigencia de las medidas preventivas y, en su caso, la prórroga sucesiva;

  4. Prohibir que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona;

  5. Prohibir que la restricción o suspensión de derecho alguno no sea privada, en su caso, de las garantías correspondientes;

  6. Establecer que la restricción o suspensión deba ser proporcional al peligro al que se hace frente;

  7. Poner fin a la restricción o suspensión por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso del Estado.

Corolario


La acción temprana o tardía en el combate dejó en claro dos verdades incontrovertibles e históricamente comprobadas: ningún país se encuentra completamente preparado para hacer frente a epidemias o pandemias, incluidos los desarrollados con economías fuertes.

Segunda, los estados de emergencia, alarma o contingencia traen aparejados, indefectiblemente, la suspensión o restricción a derechos humanos.


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