En una decisión que ha generado un importante revuelo en el ámbito legal y periodístico, un juez federal ordenó la liberación inmediata de Juan Carlos García Rivera, presunto operador del software Pegasus, al determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes que lo relacionaran con la intervención telefónica ilegal contra la periodista Carmen Aristegui.
El juez Luis Benítez Alcántara dictó la sentencia en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur. En su decisión, el juez señaló que la FGR no cumplió con la carga procesal necesaria para demostrar el delito y, en consecuencia, falló una sentencia absoluta y ordenó la liberación de Juan Carlos García Rivera, en prisión preventiva desde 2021.
La FGR solicitó 16 años de prisión para García Rivera, detenido por participar en una supuesta red de espionaje con el software Pegasus durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, durante las diligencias en el Reclusorio Sur, García Rivera afirmó que su papel se limitaba al de soporte técnico de la empresa KBH, que vendió el software Pegasus a la FGR.
En la primera audiencia del caso, los abogados de García Rivera argumentaron que su cliente había sido utilizado como chivo expiatorio en un contexto en el que el gobierno anterior habría empleado recursos estatales para espiar a periodistas, empresarios y opositores políticos mediante un sistema adquirido ilegalmente.
Esta decisión judicial plantea interrogantes sobre el uso de herramientas de vigilancia y espionaje por parte de los gobiernos anteriores en México, así como sobre la necesidad de una revisión exhaustiva de las pruebas presentadas en casos similares. La liberación de Juan Carlos García Rivera marca un punto de inflexión en este caso y podría tener implicaciones significativas en futuros procesos relacionados con el software Pegasus y la protección de la privacidad en el país.
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