En los dos últimos años, hemos visto como una parte de la Legislación Electoral se rompió y otra parte se fracturó, lo que es una realidad es que nuestro sistema electoral está colapsando y posterior al 2024, va a requerir una reconfiguración.
Voy a mencionar algunos casos. En 2021, la llamada Revocación de Mandato, se convirtió en un juego de poder desde el poder, donde se operó frente a todos, justamente a la inversa de lo regulado, se impulsó desde instancias públicas, la Ratificación de Mandato y no la Revocación de Mandato, y lo que el presidente de la República obtuvo fue una medición real de su fuerza electoral, algo así como una gran encuesta realizada por cierto por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Este procedimiento en su momento fue acordado por las fuerzas políticas, al respecto se aprobó la regulación secundaria y paradójicamente lo que generó fue publicidad por todo el país en la cual se hizo alusión fundamentalmente a una frase que asustó a la oposición: Qué siga AMLO. El susto fue de tal magnitud que la misma oposición alertó a la ciudadanía y a sus seguidores que no participaran en el proceso constitucional y el resultado fue que el presidente tuvo una boleta donde fue solo y con la ayuda de gobiernos estatales y municipales, se movilizó a millones de personas para “ratificar” al presidente en el cargo. Por cierto, cabe aclarar que al protestar el cargo en 2018, lo hizo por el periodo constitucional, en cuyo caso no se requiere ratificación alguna.
Lo roto fue el orden legal, dado que la naturaleza de la Revocación de Mandato fue diseñada precisamente para que aquellos ciudadanos inconformes con el desempeño de un gobernante estén en condiciones de manifestar su descontento y no para manifestar su conformidad.
Al poco tiempo y con el aliento de una base de votantes poco mayor a los 15 millones de personas, se intentó una reforma Constitucional (plan A) que llamó la atención por su alcance y también por la forma en que se redactó, desde el Poder, sin el más amplio consenso posible como se habían planteado reformas electorales a nivel constitucional en el pasado, reformas que inclusive por lo menos en dos casos fueron impulsadas desde la oposición por el hoy presidente de la República.
El llamado Plan A, con algunas luces de acuerdo, pero con muchas sombras de desacuerdo y desencuentro. A todos los partidos políticos les interesa que la democracia en nuestro país se beneficie de los avances tecnológicos con la finalidad de disminuir costos, como el caso del voto electrónico, de igual forma la revisión en la reducción al financiamiento público de los partidos políticos tiene su fundamento en un reclamo social histórico.
Se generaron desde la academia múltiples análisis, unos a favor y otros en contra, pero en la instancia Constitucional encontró un rechazo real y legal que desencadenó un cúmulo de descalificaciones públicas todas las mañanas y con ello una inmediata propuesta a partir de la cual, se planteó una Reforma Legal (Plan B) que propuso entre otros temas disminuir la estructura del INE, estructura que ha funcionado razonablemente bien, tan es así que con esa estructura se organizó sin incidencias mayores el proceso electoral federal de 2018 en el cual ganó la elección de presidente de la República, el actual Titular del Ejecutivo Federal.
A partir del análisis realizado en el Pleno de la SCJN, se determinó la inconstitucionalidad de la reforma planteada y quedó archivada sin efectos, pero si con repercusiones políticas, porque se replanteó el juego a cartas abiertas (Plan C) que sin duda es una demostración y derroche de fuerza desde el poder, la apuesta para ganar no tan sólo la presidencia de la República en 2024, sino la mayoría calificada en el Congreso Federal, con lo cual, está decidido -en la óptica particular del presidente y aliados- hacer todo lo necesario para ganar.
Lo roto, fue la Legislación Electoral, porque no obstante ya existe regulación de precampañas, su naturaleza es realizar un proceso interno para determinar la candidatura que va a contender en contra de otros partidos o coaliciones, sin embargo, esa determinación ya se adoptó en dos grupos políticos diferentes, pero con nombres y coordinaciones inexistentes que simulan y con ello dejar los restos de la Legislación Electoral encima de los escritorios del INE para que organicen el proceso electoral.
Lo roto, es el presupuesto de muchos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) en el país, porque han sido objeto de reducciones presupuestales que en algunos casos superan el 40% de su presupuesto de operación y con fechas críticas de arranque de procesos locales (Tabasco 7 de octubre, Jalisco 1 de noviembre, Nuevo León 4 de octubre, Yucatán 7 de octubre, Querétaro 31 de octubre, Zacatecas 10 de noviembre, Oaxaca 3 de septiembre, Puebla 5 de noviembre, Colima 15 de octubre, San Luis Potosí 30 de octubre y Nayarit 7 de enero) y se mantienen en condiciones que en términos reales no hacen posible que organicen una elección de los cargos estatales que estarán en juego el próximo año o en condiciones muy limitadas para garantizar el alcance constitucional y legal que tiene cada OPLE respecto de los procesos electorales locales.
Lo roto, es el derecho constitucional consagrado en el artículo sexto, a partir del acoso y descalificación matutina en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y también a partir de la falta de designación de comisionados incluida la posición de su presidencia y las restricciones presupuestales pretendidas con la finalidad de imposibilitar su legal funcionamiento.
Lo roto, es la celebración de la Independencia de México, ignorando que se trata de un acto emblemático del Estado Mexicano y no una fiesta privada de carácter ideológico.
Lo roto en el país, fue la operación ilegal e irregular del crimen organizado en elecciones locales en 2021, con la inacción de las autoridades competentes en materia de seguridad y de las fiscalías como responsables de la persecusión de los delitos. Lo que en este momento resulta inadmisible es que se vuelvan a repetir escenarios similares el próximo año y que no haya consecuencias legales.
Lo roto en el país, es la embestida pública a uno de los Poderes de la Unión con la extinción de fideicomisos públicos, legales y transparentes, extinción que no considera derechos adquiridos por servidores públicos que han prestado sus servicios profesionales y especializados al país.
Lo roto en el país, es el incremento de feminicidios, sin políticas públicas orientadas a disminuir la incidencia específica de ese delito que tanto lastima a todas y todos.
Lo roto en el país, es un discurso humanista que no admite responsabilidad en las desapariciones que se han gestado a partir de diciembre de 2018 a la fecha y que genera una responsabilidad del Estado Mexicano cuando ha sido evidente la complicidad de autoridades de todos los niveles.
Lo roto en el país, es un discurso humanista que no admite ni corrige la falta generalizada de medicamentos en las clínicas y hospitales del país.
Y entonces la pregunta es, ¿Qué es lo que aún funciona? La respuesta la tienen quienes van a elegir cargos y representantes en 2024.
Mtro. Antonio Horacio Gamboa Chabbán
Director General de Evidens, S.C.
Presidente del Colegio de Abogados de América Latina COTAL, A.C.
Articulista de la Asociación Norteamericana de Comunicación & Publicidad
Consultor Financiero del Instituto de Política y Gobernanza, A.C.
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