Redactor: Laura
Durante la última década, la inversión de México en garantizar los derechos de la niñez y adolescencia ha sido del 3.4 por ciento del PIB, cifra que contrasta con el 5 por ciento promedio invertido por otros países latinoamericanos. A pesar de tener la capacidad financiera e institucional para erradicar la pobreza infantil en el próximo sexenio, es necesario que el gobierno redoble esfuerzos en el ámbito fiscal, señaló Fernando Carrera Castro, Representante de UNICEF en México.
La presentación del informe “Análisis de la inversión pública en infancia y adolescencia en México 2012-2023” en la Cámara de Diputados reveló que, aunque se han efectuado transferencias monetarias para reducir la pobreza extrema, la inversión ha disminuido. De hecho, entre 2021 y 2023, la inversión ha caído por debajo del 3% del PIB, el nivel más bajo desde 2012.
Carrera Castro indicó la posibilidad de ampliar la cobertura en servicios esenciales como salud, nutrición y educación al duplicar el monto de dichas transferencias monetarias.
A pesar de que 2022 reflejó cifras mínimas de pobreza multidimensional en México, Arianna González, Oficial de Política Social de la UNICEF, enfatizó que los niños y adolescentes siguen siendo el sector más afectado por la pobreza. Actualmente, 17 millones de niños y adolescentes viven en esta condición, de los cuales 3.7 millones se encuentran en pobreza extrema.
Dentro de este contexto, la primera infancia representa el grupo más vulnerado con un 48.1 por ciento en pobreza y un 11.6 por ciento en pobreza extrema. A su vez, en términos de gasto público, los niños y adolescentes han perdido prioridad en el presupuesto del gobierno federal. Para 2023, sólo el 9.5 por ciento del gasto total se destinará a ellos, la cifra más baja registrada.
Catalina Gómez, jefa de Política Social UNICEF México, subrayó la importancia de considerar la inversión en la infancia y adolescencia como una prioridad de Estado, especialmente en términos macroeconómicos y fiscales. Gómez también destacó las graves carencias sociales que enfrenta la primera infancia, incluido el limitado acceso a servicios de salud, y recalcó la urgencia de reflejar su atención en el presupuesto público.
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