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Marcha Nacional contra la reforma de AMLO: Los trabajadores del Poder Judicial defienden su independencia.

Foto del escritor: Tercer Ojo Inform...Tercer Ojo Inform...


En un contexto de creciente tensión política y social, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en México, junto con diversos organismos de la sociedad civil, se han organizado para llevar a cabo una marcha nacional. El motivo de esta manifestación es la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La concentración principal tendrá lugar este domingo 25 de agosto en la Ciudad de México, específicamente en la explanada del Monumento a la Revolución, a las 13:30 horas. Este evento también se replicará en otras entidades del país, como Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Guanajuato y Veracruz. 

 

La iniciativa de reforma al Poder Judicial ha generado preocupación entre jueces, magistrados y otros actores del sistema judicial mexicano. Desde su presentación el 5 de febrero, las críticas se han centrado en varios aspectos de la propuesta, tales como la designación de jueces por voto popular, el cese inmediato de jueces y magistrados, y la creación de un tribunal disciplinario con fuertes tintes políticos. 

 

Uno de los críticos más vocales ha sido Miguel Ángel Luna Gracia, juez Primero de Distrito de Saltillo, Coahuila, quien argumenta que la reforma politizaría al Poder Judicial. Según Luna Gracia, la propuesta actual otorga un control político significativo sobre las decisiones judiciales, lo que podría llevar a una acumulación de poder en una sola fuerza, debilitando así los contrapesos fundamentales en una democracia. 

 

Además, los juzgadores han expresado su preocupación por la falta de imparcialidad que podría surgir si los jueces son elegidos mediante voto popular, ya que estos responderían al electorado en lugar de adherirse estrictamente a la ley. 

 

La reforma propone que la elección de jueces y magistrados se realice de manera escalonada, con la mitad de los puestos en 2025 y la otra mitad en 2027. Además, se ha sugerido un mecanismo de selección por "tómbola", donde los candidatos serían elegidos al azar, lo que ha sido criticado por su aparente falta de seriedad y profesionalismo. 

 

Los opositores a la reforma advierten que la implementación de estas medidas podría tener graves repercusiones para la independencia judicial en México. La politización del Poder Judicial podría erosionar la confianza pública en las instituciones, debilitando uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. 

 

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