La reciente propuesta de reforma judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión ha generado un intenso debate en México. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha sido una de las voces más críticas, señalando que esta reforma podría llevar a que los jueces más populares, y no los más capacitados, ocupen puestos de juzgadores. Durante el «Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia», organizado por el Poder Judicial federal, Piña destacó varios puntos críticos de la reforma y sus posibles consecuencias.
La ministra presidenta enfatizó que la reforma judicial propuesta no aborda el problema de raíz y podría, irónicamente, fomentar aquello que pretende erradicar: la corrupción y la falta de capacidad en el sistema judicial. Según Piña, esta reforma podría llevar a que personas menos capacitadas, pero con buenas relaciones políticas, lleguen a puestos de importancia en el Poder Judicial. Esto podría debilitar la independencia y autonomía del sistema judicial, elementos fundamentales para la protección de los derechos humanos y la democracia en México.
México ha estado inmerso en una crisis de seguridad pública y justicia durante muchos años. Diversos diagnósticos y propuestas de reforma han intentado abordar estos problemas, pero con resultados limitados. La ministra Piña hizo un llamado a un diálogo plural e inclusivo, en el que se consideren las necesidades de las víctimas y se centren en las experiencias de los usuarios del sistema de justicia. Subrayó la importancia de escuchar a todos los actores involucrados, desde jueces y fiscales hasta organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos comunes.
Uno de los principales problemas señalados por Piña es la falta de interés en la carrera judicial entre los participantes del foro. Solo el 9% de los asistentes mostró interés en temas relacionados con la independencia judicial y el funcionamiento de los tribunales. Este dato es preocupante, ya que la independencia judicial es crucial para una impartición de justicia imparcial y efectiva. La ministra destacó que la desconfianza entre autoridades y ciudadanos, así como entre diferentes autoridades, es un obstáculo significativo para la reforma del sistema de justicia.
La ministra Piña también enfatizó la necesidad urgente de establecer canales de comunicación eficientes y frecuentes entre las autoridades y la ciudadanía. La desconfianza y la falta de empatía entre ambos grupos son problemas persistentes que erosionan la efectividad del sistema de justicia. Las víctimas, en particular, sufren al tener que repetir sus historias múltiples veces sin encontrar soluciones efectivas. La capacidad de investigación criminal está rebasada, y las instituciones enfrentan un desgaste relevante debido a la alta incidencia delictiva y la corrupción.
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