Redacción Daniel Lee
En México de acuerdo con datos del Inegi, 75 por ciento de los asuntos que se conocen por los tribunales en todo el país son en materia civil y familiar, la llamada justicia cotidiana.
Y las personas operadoras e impartidoras de justicia no contaban con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; fue apenas hasta abril de este 2023, y con un retraso de más de 5 años que el Congreso aprobó el nuevo ordenamiento.
María Amparo Hernández Chong Cuy, magistrada 4to Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito manifestó: “Damos un gran paso porque cambiamos a un modelo totalmente distinto en el que se dice: los juicios familiares, los juicios civiles y los juicios mercantiles van a tener una misma regulación y van a ser los mismos en todo el país”
“Qué pasaba antes, cada estado tenía su propia regulación, Baja California tenía su forma de enjuiciar, Chiapas tenía su forma de enjuiciar, la Ciudad de México tenía su forma de enjuiciar y así habíamos trabajado tradicionalmente.”, continuó.
Legisladores y personas juzgadoras están conociendo lo que trae este nuevo Código, con mil 191 artículos, para la adecuada armonización de las leyes locales.
Octavio Rivero, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la CDMX, afirmó: “Hoy ya tenemos una línea que nos marca a nivel nacional con este Código Nacional, pero sin duda también va a ser importantísima la voz de los tribunales para poder integrar de forma correcta las adecuaciones que se tienen que hacer y sobre todo también para que sea mucho más rápido porque sin duda sin su participación va a ser más complicado.
La oralidad, justicia electrónica y los métodos alternativos de solución, son algunos de los avances más relevantes que trae este nuevo código.
“La oralidad hacia la que quiere invitar este Código es en realidad mucho más plena al punto que se reconoce la posibilidad de que por comparecencia, presentar una demanda, por comparecencia contestar, eso me parece que es un gran paso, nos pone un reto importante a los jueces, pero allana muchísimo el camino para las personas que tienen la necesidad de acudir a un tribunal”, dijo la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy.
Por su parte, Octavio Rivero, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la CDMX expresó que en el caso de justicia electrónica hay que establecer todo un mecanismo, una infraestructura para que pueda funcionar la justicia electrónica a la hora de impartir justicia.
Otra de las bondades de este nuevo código es la atención que se garantiza en materia de género e interés superior de la infancia, pues hace gran énfasis en la necesidad de defensoría pública en casos que involucren a grupos vulnerables.
Este código le está dando, importantísimas herramientas probatorias a los jueces particularmente en materia familiar cuando están de por medio personas adultas mayores, cuando están de por medio mujeres, niños, personas de grupos vulnerables en general, a que, con independencia de la actividad de las partes, y esto es muy importante porque en un país de tantas desigualdades como vivimos, no todas las personas tienen acceso a una defensa o técnicamente de buen nivel, o técnicamente adecuada.
Los congresos de las 32 entidades del país cuentan con un plazo de 4 años para implementar este nuevo código, pues deberá estar vigente antes del 1 de abril de 2027.
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