Recientemente, la Ciudad de México ha sido el escenario de un debate polémico tras la modificación del artículo 3 de la Constitución local, en el que se eliminó la mención explícita al respeto a la propiedad privada. Este cambio, promulgado por el exjefe de Gobierno Martí Batres Guadarrama, ha generado preocupación entre los propietarios e inversionistas que temen por la seguridad jurídica de sus bienes. Aunque el ajuste parece alinearse con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los posibles impactos en la propiedad privada y la inversión en la ciudad son motivo de inquietud.
Anteriormente, el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México incluía una disposición clara sobre el respeto a la propiedad privada. Sin embargo, la reciente modificación alinea la regulación local con el artículo 27 de la Constitución Federal, el cual otorga al Estado facultades para intervenir en la propiedad privada con fines de utilidad pública y social. Este cambio podría permitir expropiaciones más flexibles y una mayor intervención estatal en casos de interés público.
La eliminación de la referencia directa a la propiedad privada en la Constitución de la Ciudad de México ha suscitado temores de que las protecciones a la propiedad individual se debiliten. Esto podría abrir la puerta a políticas que favorezcan la redistribución de tierras o la creación de vivienda social en áreas de alto valor como Polanco, Condesa o Santa Fe. En lugar de garantizar la seguridad jurídica de los propietarios, algunos analistas temen que la reforma fomente un enfoque más agresivo por parte del Estado en cuestiones de propiedad.
Inversión inmobiliaria
La incertidumbre generada por esta reforma también ha afectado a los inversionistas. La seguridad jurídica es un factor clave para atraer capital privado, y la percepción de que las garantías sobre la propiedad privada han disminuido podría ahuyentar nuevas inversiones, no solo en el sector inmobiliario, sino también en sectores relacionados como la construcción y el desarrollo urbano. Si bien el gobierno argumenta que la reforma busca un desarrollo más justo y equitativo, los inversionistas ven una amenaza en la posibilidad de que se prioricen otros tipos de propiedad, como la social o comunal.
Otro aspecto preocupante es el papel que jugará el sistema judicial en la implementación de esta reforma. Con la inminente aprobación de la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos temen que la elección de jueces mediante voto popular pueda derivar en fallos favorables al gobierno en casos de expropiación, dejando a los propietarios privados en una situación de indefensión ante decisiones arbitrarias.
El equilibrio entre lo público y lo privado
El argumento principal del gobierno es que la modificación permitirá un «desarrollo justo y armónico», donde lo público prevalezca sobre lo privado. Según Martí Batres, la reforma es un paso hacia la eliminación de privilegios para los grandes grupos económicos y un golpe al neoliberalismo. No obstante, críticos del cambio señalan que esta medida podría desincentivar la inversión y fomentar un ambiente de inseguridad jurídica, lo que en última instancia afectaría la economía local.
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