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Por fraude y corrupción la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández De Kirchner,

condenada a seis años de prisión


Redacción Daniel Lee ANCOP

Un tribunal condenó este martes a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por fraude y corrupción mientras se desempeñaba como presidenta de Argentina, de 2007 a 2015.


Kirchner, de 69 años, fue hallada culpable de «administración fraudulenta» en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur), su cuna política.


La causa tiene un fuerte impacto político en un país polarizado entre el gobernante peronismo y la oposición de derecha, en medio de una grave crisis económica con casi 100 por ciento de inflación anual estimada.


Pese a la condena, Kirchner no irá a prisión por contar con fuero.


El fallo en primera instancia abre un largo derrotero de apelaciones y Kirchner podría incluso presentarse a cualquier cargo en las elecciones generales de 2023, incluida la presidencia.


Desde el inicio del juicio, en 2019, la exmandataria sostuvo que su condena «está escrita de antemano» al denunciar que se trata de «un juicio político» que persigue aleccionar a todo el peronismo.


Kirchner estuvo acusada, junto a otras 12 personas, por la adjudicación supuestamente irregular de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) durante sus dos mandatos presidenciales.


La fiscalía pidió para ella 12 años de prisión al considerarla «jefa de una asociación ilícita» y por defraudación, además de solicitar la inhabilitación política para ejercer cargos públicos. El tribunal no aceptó el cargo de «asociación ilícita».


Kirchner dijo que más allá de la sentencia condenatoria, seguirá en la política. «Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca», advirtió.


En sus palabras finales ante el tribunal, Kirchner acusó a los jueces de haber «inventado y tergiversado» los hechos. «Esto es un pelotón de fusilamiento», dijo.


La pena de seis años es la máxima por fraude al Estado.


De los 13 acusados en la causa, la mayoría exfuncionarios, nueve fueron condenados, tres fueron absueltos y uno tuvo su causa prescripta.


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