El presidente de Chile, Gabriel Boric, dio un paso significativo hacia la reforma constitucional al recibir un proyecto de nueva Constitución y convocar a un plebiscito para que el electorado decida si reemplaza la actual carta magna, que fue impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La ceremonia se llevó a cabo en la sede del Congreso en la capital chilena y contó con la presencia de aproximadamente 300 invitados, incluyendo autoridades de los tres poderes del Estado, líderes políticos y los redactores del proyecto.
Boric recibió el proyecto de manos de la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, y lo mostró a los presentes antes de pronunciar un breve discurso en el que destacó que "se abre el tiempo definitivo de los ciudadanos y ciudadanas, ahora es su voz y decisión lo que verdaderamente importa".
El presidente instó al electorado a ponderar si el nuevo texto permitirá abordar los grandes temas y desafíos del país y a "decidir si es que esta es una propuesta que nos une". Además, afirmó que su gobierno trabajará en la implementación del proyecto si es aceptado, y si es rechazado, se dedicará "a seguir trabajando y gobernando por el bienestar de las personas". Luego, firmó el decreto que convoca a todos los chilenos al plebiscito.
El proyecto de nueva Constitución ha sido un tema de debate en Chile, y las encuestas locales sugieren que el rechazo al nuevo texto se impondría en las urnas. Sin embargo, en los últimos días, el apoyo ha ido creciendo lentamente.
En caso de que el nuevo proyecto sea nuevamente rechazado en el plebiscito, continuará vigente la actual carta magna instalada durante la dictadura de Pinochet.
El proyecto propone que Chile sea un Estado social y democrático que promueva el desarrollo progresivo de los derechos sociales a través de instituciones estatales y privadas. Aunque se establece la libertad de elección en salud, educación y pensiones, la izquierda oficialista argumenta que solo podrán beneficiarse de estos servicios quienes cuenten con recursos económicos para pagar por ellos.
Varios artículos del proyecto han generado controversias, incluyendo uno que establece que "la ley protege la vida de quien está por nacer". La oposición afirma que esto podría afectar la aplicación de la ley actual que autoriza el aborto en tres causales: inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre y violación.
El proyecto también incluye disposiciones relacionadas con la sustitución de penas de cárcel por reclusión domiciliaria en casos de enfermedad terminal, lo que ha generado preocupación entre la izquierda respecto a la posible beneficiación de reos condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Asimismo, se introduce el derecho a una "vivienda adecuada" y la exención de contribuciones e impuestos territoriales para la vivienda principal, lo que podría impactar los recursos destinados a obras públicas por parte de las municipalidades.
Síguenos en redes sociales o suscríbete nuestro boletín informativo en nuestra página web y mantente informado.
Commentaires