La evaluación de los ejercicios democráticos en México para 2021, dependerá esencialmente de la solidez de la autoridad electoral, a partir de 3 factores: 1) De los montos presupuestales que se aprueben para los órganos electorales. 2) Del financiamiento a los partidos políticos para 2021. 3) De la participación ciudadana.
Como todas las dependencias federales o estatales, los organismos autónomos como son, las autoridades electorales en el país dependen del presupuesto que aprueban tanto la Cámara de Diputados en el orden federal como los Congresos de los Estados, tratándose de los OPLES.
El presupuesto de un órgano electoral se conforma de algunos elementos esenciales: el primero es el presupuesto destinado a proporcionarle a los partidos políticos sus prerrogativas, dado que por disposición Constitucional es por conducto de dichos organismos autónomos que los partidos políticos reciben el financiamiento público a que tienen derecho.
En segundo lugar, su gasto operativo que tiene que ver con los recursos con los que opera la estructura de dichos organismos, en gran medida, el pago de salarios, así como el mantenimiento a la infraestructura con la que cuentan, por otro lado, en el caso de la autoridad electoral federal, los costos asociados a mantener actualizada la base de datos del padrón electoral, así como el que todas las ciudadanas y ciudadanos tengamos una credencial para votar. De igual manera, en año electoral, los gastos de toda la logística asociada a la preparación de la elección como es, la impresión de la papelería electoral, la capacitación electoral, así como todos los procesos logísticos para que el día de la elección, el ciudadano esté en condiciones de emitir su voto y la autoridad electoral garantice a la ciudadanía y a los partidos políticos que todas las etapas del proceso electoral están apegadas a los principios constitucionales de su tarea fundamental, como son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
Las múltiples actividades que se desarrollan en la preparación de una elección están relacionadas directamente con el número de atribuciones que tiene la autoridad electoral y que se han incrementado a partir de crisis políticas como la que se derivó después de la elección de 2006, con las reformas constitucional y legal de 2007 y 2008 respectivamente, así como la del 2014. En esta última, por cierto se transformó al Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral, con lo cual, se incrementaron todavía mas sus atribuciones.
El cúmulo de responsabilidades que tiene la autoridad electoral involucra la necesidad que han ido teniendo los partidos políticos por tener un árbitro fuerte, y que con el paso de los años se han ido generando mayor número de necesidades de actualización de equipos, de software, de infraestructura que fue adquirida hace ya mucho tiempo, cuando se fueron consolidando procesos tecnológicos en buena medida como resultado de mayor número de atribuciones constitucionales y legales.
Lo que se menciona en algunos foros en el sentido de que el costo de las elecciones en México es muy alto, sin entrar en detalles o puntos de comparación, lo que debe hacerse es revisar este rubro, pero no justo cuando estamos a punto de entrar a la organización del proceso electoral más grande de la historia de México, dado que pudiera ponerse en riesgo la estabilidad política de nuestro país, porque el conjunto de atribuciones constitucionales y legales que corren a lo largo y ancho del país, aun están vigentes y se requieren recursos para su cumplimiento.
Determinar que el costo de la democracia es muy alto e impulsar una reducción al presupuesto que soliciten las autoridades electorales para el próximo año, no soluciona ninguno de los grandes problemas que tiene México, ni el decrecimiento en la economía, ni la falta de gasto público, ni la crisis en el sistema de salud, pero lo que si puede generar es que los órganos electorales no cumplan con una de sus tareas fundamentales que es organizar elecciones democráticas, tarea en la que participa la ciudadanía en miles de casillas instaladas en el país.
Si en particular algún ciudadano tiene necesidad de revisar cómo se gasta el presupuesto por parte del INE, la revisión del uso de esos recursos se realiza como todos los años, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y en el caso de las autoridades electorales locales, por parte de las Auditorías o Contralorías correspondientes, de frente a la sociedad mexicana.
Por otro lado, el momento histórico que vivimos en el país, identifica una necesidad de reducir el financiamiento de los partidos políticos o inclusive analizar si deben ser autosuficientes en lo relativo a sus recursos, sin embargo, los escenarios que se visualizan en caso de una reducción para el siguiente año, identifican potencialmente que solo un partido tendría el menor daño operativo frente a un año electoral complejo a nivel nacional.
No es lo mismo reducirle el 50% de su financiamiento a un partido cuyo monto anualizado excede en estas fechas los 1,650 millones de pesos, que reducirle el 50% a un partido que recibe anualizado alrededor de 400 millones de pesos o inclusive menos.
Una reducción al financiamiento de los partidos en este momento histórico deja con poco dinero a los candidatos de “oposición” y este fenómeno puede sentar las bases a manera de un indicador del resultado de la elección, más allá de la necesidad de analizar si la reducción al financiamiento para 2021, constituye un cambio de reglas que en este momento algún partido puede argumentar que ya no es posible hacerlo, a escasos días del inicio del proceso electoral.
Lo que resulta indispensable analizar, es si en medio del fracaso de la economía mexicana la cantidad de pobreza en el país que se incrementa, la corrupción que por decreto ha disminuido, la inseguridad y el COVID19 que no nos suelta, es absolutamente indispensable buscar otras alternativas para los partidos políticos en materia de financiamiento, por ejemplo, a partir de las aportaciones de sus militantes y en su caso, simpatizantes y olvidarse que el dinero público es la fórmula para mantener líderes corruptos y estructuras obesas que a nivel nacional solo buscan distribuir despensas para dejar constancia en fotografías o en videos en redes sociales, del “trabajo partidista”, cuando sabemos que la solución no está en dar, está en generar oportunidades para que la mayoría salga de la pobreza y no, para mantenerlos ahí.
En este sentido, la participación ciudadana constituye el mecanismo por excelencia de operación política en una sociedad como la nuestra, con múltiples posibilidades de impulso, siendo el más eficaz, el voto.