Por Tercer Ojo te Informa
La jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo, ha emitido una suspensión provisional que prohíbe el uso de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que estaban en riesgo de ser destinados a la reconstrucción del Puerto de Acapulco. Esta decisión se produce después de que el Congreso de la Unión decidiera extinguir estos fideicomisos.
La semana pasada, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso que los recursos de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se destinaran a la rehabilitación y reconstrucción de Acapulco, que fue devastado por el huracán Otis. La cantidad en cuestión ascendía a 15 mil millones de pesos.
La jueza Trejo otorgó la suspensión provisional para evitar que se dispusiera de estos fondos, argumentando que esto podría perjudicar los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social. Además, señaló que la suspensión no afecta el interés público, ya que no se especificó el propósito exacto para el cual se utilizaría el dinero.
Froylán Muñoz, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF (JUFED), confirmó que se ha concedido la suspensión provisional del Decreto que buscaba eliminar los fideicomisos del PJF. Esto se logró mediante la adición de un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el 27 de octubre de este año en el Diario Oficial de la Federación.
Muñoz también destacó que en la sentencia se analizarán las posibles violaciones al procedimiento legislativo mediante el cual se aprobó el Decreto, así como las violaciones a los principios de independencia y autonomía judicial. Además, se considerarán aspectos relacionados con la división de poderes, progresividad, seguridad social y derechos laborales adquiridos en favor de quienes integran la Judicatura Federal.
En resumen, esta decisión judicial representa un obstáculo importante para el uso de los fideicomisos del PJF en la reconstrucción de Acapulco y plantea cuestionamientos sobre la legalidad y el respeto a la autonomía judicial en el proceso legislativo que buscaba eliminar estos fideicomisos. El caso se espera que se resuelva a través de una sentencia que analice detenidamente estos aspectos en el contexto de la Constitución y el sistema de división de poderes en México.
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