Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presentó una propuesta de reforma constitucional enfocada en las industrias estratégicas del Estado.
La iniciativa tiene como objetivo principal preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, garantizar la soberanía nacional y proporcionar electricidad al menor precio, evitando el lucro.
“Para evitar este vacío, se propone añadir que la planeación y el control de sistema eléctrico nacional, vigente en nuestra Constitución, tenga un objetivo específico, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía energética mediante la Empresa Pública del Estado”, expresó.
Bartlett detalló que la propuesta de reforma plantea modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Entre los cambios propuestos, se destaca la eliminación del concepto "empresa productiva del Estado" del artículo 25, párrafo 5. Además, se busca eliminar la obligación de que las empresas públicas se rijan por las definiciones de mejores prácticas, argumentando que estas se centran en un gobierno corporativo que no prioriza el bienestar público.
El director de la CFE enfatizó la necesidad de fortalecer la empresa pública del Estado y criticó la concentración de permisos en la industria eléctrica en la población de mayor derrama económica, abandonando a las comunidades de menores recursos.
Asimismo, la propuesta establece que el servicio público de Internet prestado por la empresa del Estado también se considere estratégico, con la intención de garantizar su desempeño mediante un criterio constitucional.
“Se establece que el servicio público de internet que presta la empresa del estado, de la misma manera que la electricidad, constituye un servicio público estratégico, cuyo objetivo es evitar que una parte importante de la población, por razones económicas, carezca de este instrumento fundamental para la educación, la cultura, la economía y la información, por lo que debe agregarse un criterio constitucional, con el cual el Estado garantice su desempeño”, dijo.
Esta propuesta surge en medio de la controversia generada por el fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica promulgada en 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario acusó al Poder Judicial de favorecer intereses particulares al invalidar dicha ley, diseñada para beneficiar a la CFE por encima de los generadores privados.
La Segunda Sala determinó que varios artículos de la reforma violan disposiciones establecidas en la reforma constitucional de 2013, incluyendo la cancelación de subastas de contratos de electricidad para privados. Ante este fallo, el presidente anunció su intención de buscar una contrarreforma constitucional para revertir lo que calificó como iniciativas "noeliberales" destinadas a debilitar a la CFE y favorecer a empresas particulares, como Iberdrola.
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