Recientemente, la propuesta impulsada por Morena para implementar «jueces sin rostro» en México ha generado un fuerte rechazo a nivel internacional, especialmente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta medida, que busca la creación de tribunales con jueces anónimos para juzgar delitos relacionados con el narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, ha sido criticada por infringir derechos fundamentales, según diversos organismos internacionales y expertos legales.
La Corte IDH ha señalado que la implementación de «jueces sin rostro» viola el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual garantiza el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Esta crítica se basa en experiencias pasadas, como la implementación de estos tribunales en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, donde se documentaron múltiples violaciones a los derechos de los acusados.
Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha enfatizado que esta propuesta no solo es contraria a las garantías individuales, sino que también carece de una justificación sólida. Según él, la medida es una arbitrariedad que infringe los derechos humanos al impedir que los procesados conozcan la identidad de sus juzgadores, lo que compromete la imparcialidad y la transparencia de los procesos judiciales.
Preocupaciones de organizaciones internacionales.
Human Rights Watch (HRW) también se ha pronunciado en contra de esta iniciativa, recordando que estos tribunales limitan el derecho a la defensa. Durante la década de 1990, HRW criticó severamente los «jueces sin rostro» implementados en Perú, argumentando que estas medidas violaban los principios fundamentales de un juicio justo.
El rechazo a esta propuesta no se limita a organismos internacionales. Dentro de México, la medida ha sido aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, lo que ha generado una ola de críticas entre expertos y defensores de derechos humanos que consideran que esta reforma al Poder Judicial podría llevar a la erosión de las garantías relevantes en el sistema de justicia mexicano.
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