En un ambiente lleno de protestas y tensión política, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma, presentada originalmente el 5 de febrero, fue objeto de un extenso debate y la presentación de más de 600 reservas, lo que llevó la sesión a durar más de 12 horas.
El dictamen fue aprobado con 359 votos a favor provenientes de Morena, PT y el Partido Verde, mientras que 135 diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Este respaldo de los partidos aliados del gobierno refleja el compromiso de Morena de avanzar en las reformas constitucionales que fueron prometidas durante las campañas electorales.
Polémica en torno al proceso de votación
A pesar de la aprobación, la oposición denunció que el proceso estuvo plagado de irregularidades y que la reforma judicial es vista como un acto de venganza política contra el Poder Judicial, un poder que, según los opositores, no sucumbió ante las presiones del Ejecutivo.
La sesión, que comenzó a las 16:10 horas, enfrentó obstáculos desde el principio, cuando los accesos al recinto parlamentario fueron bloqueados por manifestantes, lo que dificultó el ingreso de los legisladores de oposición. A pesar de las críticas y las quejas de ilegalidad por parte de los partidos opositores, la sesión continuó con 372 diputados presentes.
Cambios propuestos en la reforma
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la propuesta de que ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial Federal sean elegidos por voto popular. Esta medida ha generado amplios debates sobre su viabilidad y su impacto en la independencia del Poder Judicial. En respuesta, la bancada de Morena argumentó que la actual forma de impartir justicia es elitista, costosa y corrupta, y que esta reforma busca democratizar el acceso a la justicia en México.
Entre los cambios más destacados que introduce la reforma se encuentran:
La reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9.
La disminución del periodo de servicio de los ministros, de 15 a 12 años.
La eliminación de las dos Salas de la SCJN, con la Corte sesionando únicamente en Pleno.
La elección de ministros, magistrados y jueces mediante voto popular, lo que marcaría un cambio radical en la manera en que se designan los integrantes del Poder Judicial.
Mientras Morena y sus aliados defienden la reforma como un avance necesario para erradicar la corrupción en el sistema judicial, la oposición sostiene que la elección popular de jueces y magistrados podría abrir la puerta a la politización de la justicia y a la interferencia del crimen organizado en el sistema judicial.
En respuesta, la diputada morenista Claudia Rivera subrayó que la reforma no afectará los derechos laborales ni los compromisos internacionales de México, y que su objetivo es mejorar el sistema de justicia para todos los ciudadanos.
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