Redactor: Joel Charles
En el periodo comprendido entre septiembre de 2022 y junio de 2023, se ha revelado una preocupante tendencia en la Secretaría de la Función Pública (SFP), ya que solo una fracción mínima de las denuncias ciudadanas por supuestas irregularidades cometidas por funcionarios federales se traduce en investigaciones concretas. Según el Quinto Informe de Gobierno, de un total de 25,032 denuncias presentadas por ciudadanos, solo 1,998 (equivalente al 8%) se han remitido a las áreas correspondientes para abrir expedientes de investigación.
Estas denuncias abarcan una amplia gama de comportamientos indebidos, que incluyen el incumplimiento de leyes y reglamentos, el descuido o falta de atención en el desempeño de sus funciones y, lamentablemente, casos de maltrato en la prestación de servicios o trámites. Sin embargo, solo el 3% de las denuncias se refiere a omisiones de importancia.
Durante este período, los Órganos Internos de Control (OIC) elaboraron 19,627 informes de presunta responsabilidad administrativa, pero solo 683 de estos informes fueron relacionados con faltas graves y, como resultado, se remitieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Mientras tanto, los 18,944 informes restantes se registraron como expedientes de procedimientos por faltas no graves.
En cuanto al Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, el Quinto Informe de Gobierno ofrece una visión limitada, indicando que se asesoró a 172 solicitantes sobre la presentación y seguimiento de alertas, y que se recibieron y atendieron 1,023 alertas, a las cuales se les proporcionaron medidas de protección preventivas. Cabe mencionar que en años anteriores, el gobierno federal había proporcionado informes más detallados sobre los avances de este programa.
Otro mecanismo implementado para combatir la corrupción es la Contraloría Social, que involucra la participación activa de los beneficiarios de programas sociales para supervisar el uso adecuado de los recursos públicos. En el periodo analizado, se validaron 89 apartados de contraloría social para el ejercicio fiscal 2023 en los tres niveles de gobierno, lo que representa un aumento del 85% en comparación con el mismo periodo del año anterior, marcando un récord en esta actividad desde su inicio.
En resumen, la baja tasa de investigación de denuncias contra servidores públicos plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos anticorrupción y la transparencia en el gobierno federal. A pesar de las denuncias ciudadanas y los informes elaborados por las contralorías, parece que solo una pequeña fracción de los casos llega a una investigación exhaustiva.
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