El Congreso de Texas ha aprobado una de las legislaciones migratorias más rigurosas en la historia de Estados Unidos.
La controvertida ley SB4, respaldada por el gobernador Greg Abbott, otorga a las autoridades estatales y locales la facultad de detener y deportar a cualquier persona considerada "sospechosa" de haber cruzado ilegalmente a esa entidad.
Incluso, la medida permite la detención y deportación de menores de 10 a 17 años, criminalizando su forma de ingreso a la región.
La aprobación de la SB4 ha generado fuertes reacciones de organizaciones defensoras de migrantes.
El Proyecto de Derechos Civiles de Texas y la Unión Nacional de Libertades Civiles advierten sobre la posibilidad de una discriminación racial generalizada basada en el aspecto físico de los detenidos, sin que hayan cometido alguna falta o violación legal.
Expertos en derecho internacional señalan que la legislación podría desencadenar disputas legales entre Texas y el gobierno de México, ya que las autoridades texanas podrían deportar a personas al margen de su estatus migratorio o nacionalidad.
Mientras que el Centro Young para los Derechos de los Niños Inmigrantes demandó que el presidente de Estados Unidos impugne de inmediato la ley, pues advirtió que tendrá “consecuencias devastadoras para los niños, los jóvenes y las familias en Texas, dando lugar a casos generalizados de discriminación y separaciones familiares similares a las de la política de Tolerancia Cero de la era Donald Trump”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha condenado estas medidas antiinmigrantes, expresando su rechazo a la criminalización del flujo migratorio.
La SRE destaca que las medidas afectarán los derechos humanos de más de 10 millones de connacionales que residen en Texas, advirtiendo sobre posibles actos o crímenes de odio contra las comunidades migrantes.
“El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, externa su rechazo ante estas medidas antiinmigrantes que pretendan detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, lo que resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales”, dijo la cancillería a través de un comunicado.
La inminente promulgación de la ley, México ha movilizado a sus representaciones consulares en Texas para proteger los derechos de los connacionales.
“México expresa además su preocupación ante el paquete de medidas legislativas que afectará los derechos humanos de más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, al propiciar ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes”, explicó la cancillería sobre estas medidas.
Instruyó a aumentar encuentros con autoridades, ofrecer asesoría legal y migratoria gratuita, y reforzar la vinculación con la comunidad mexicana. La SRE se compromete a responder a cualquier violación de derechos humanos y explorar apoyos legales estratégicos para salvaguardarlos.
Síguenos en redes sociales o suscríbete nuestro boletín informativo en nuestra página web y mantente informado.
Comments