Este lunes 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en cinco estados de México, como son: Nuevo León, Zacatecas, Yucatán, Morelos y Coahuila. Han iniciado un paro indefinido de labores. Esta acción surge como respuesta a la inminente aprobación de una reforma al Poder Judicial de la Federación, que ha generado controversia y descontento entre los empleados del sector.
El paro busca defender la independencia judicial y los derechos de los trabajadores, argumentando que la reforma afectará negativamente la carrera judicial y los fideicomisos, pilares fundamentales para la operación del sistema judicial en México. Las protestas se han intensificado a medida que los trabajadores organizan marchas y convocan a reuniones en diversas entidades.
La reforma al Poder Judicial de la Federación ha sido objeto de críticas desde su concepción. Los opositores sostienen que, de ser aprobada, la reforma podría comprometer la autonomía de los jueces y magistrados, así como afectar la calidad de la impartición de justicia en el país. En particular, la eliminación de la carrera judicial y los fideicomisos es vista como una amenaza a la estabilidad y profesionalismo de los funcionarios del PJF.
El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) ha expresado su preocupación, aunque su secretario general, Jesús González Pimentel, no ha apoyado formalmente el paro. A pesar de ello, el personal de base, junto con operativos y secretarios, ha presionado para que se lleve a cabo esta medida como un acto de resistencia.
Jueces y magistrados también están inmersos en este debate, habiendo organizado una votación interna para decidir si se unirán al paro. La votación, coordinada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), determinará si estos actores clave del sistema judicial suspenderán sus labores.
Hasta el momento, algunos circuitos ya han comenzado el paro, mientras que otros esperan los resultados de la votación para tomar una decisión definitiva. Los magistrados han expresado que este conflicto los coloca en una situación delicada, ya que históricamente han sido defensores de la legalidad y el cumplimiento de la ley. No obstante, sienten que la falta de consideración a sus propuestas en los diálogos previos a la reforma ha dejado pocas opciones.
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