Tren maya, ¿Cómo afectará el medio ambiente y los derechos de las comunidades?
por Jocelyn Soto.
La construcción del Tren Maya, uno de los proyectos insignia de inversión del gobierno federal, está por iniciar a pesar de carecer de la aprobación de varios sectores sociales, entre ellos de las comunidades directamente afectadas, a las cuales no se ha informado debidamente sobre los impactos medioambientales que ocasionará.
En plena pandemia por la COVID-19, el gobierno federal ha mantenido activo el proyecto por medio de lineamientos y decretos presidenciales, aún en contra de las medidas de contingencia sanitaria, como autorizar las actividades de desplazamientos de habitantes y producción de acero, cemento y vidrio vinculadas a la obra.
Para al menos una decena de organizaciones civiles y comunidad afectadas, es preocupante que en medio de una emergencia sanitaria mundial, el gobierno mantenga las actividades relacionadas con el proyecto denominado “Tren Maya”, pues su construcción y el desalojo de personas no es esencial en el contexto de la actual pandemia.
FOTO AÉREA © Arturo Rocha / Aerofilms / Greenpeace.
Al continuar el proyecto se pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores en las obras, así como de la población, mayoritariamente indígena.
Además, la construcción del Tren Maya durante la pandemia genera un estado de indefensión hacia quienes han manifestado su rechazo u oposición al proyecto, ya que ante la falta de normalidad en el funcionamiento de los tribunales, no hay garantías para ejercer su acceso a la justicia para impugnar cualquier acto u omisión del proyecto.
A esto se suma la opacidad con la que se han conducido las autoridades a cargo del Tren Maya, lo cual es preocupante porque lo más criticado del proyecto es la ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que tendrá la obra para la población, particularmente para las comunidades indígenas afectadas.
La falta de transparencia del proyecto se agudiza porque debido a la contingencia sanitaria es imposible realizar solicitudes de información, debido a la suspensión de plazos en los institutos estatales y el Instituto Federal de Acceso a la Información.
Las dependencias a cargo del proyecto del Tren Maya han declarado que no habrá daños ambientales, pues se construirá sobre vías férreas ya construidas, pero se han negado a realizar estudios técnicos e informar a la sociedad con más detalles y datos sobre este punto.
FOTO DEL Mono araña en peligro de extinción por la deforestación de su hogar © Greenpeace / Daniel Beltrán.
Según un informe técnico realizado por la Cámara de Diputados en septiembre de 2019 sobre el Tren Maya, no hay información suficiente para establecer el daño medioambiental pero considera que las afectaciones que podría ocasionar serían pérdida de vegetación por el desmonte y el despalme, y la pérdida de productividad del suelo, a causa de la compactación que genera el tránsito de maquinaria durante la construcción y de las vibraciones que produce el tránsito de trenes.
Según la ficha técnica, la hidrología también podría sufrir daños a nivel superficial y subterráneo, así como cambios en las corrientes naturales, además del riesgo de contaminación de cursos superficiales y subterráneos por sustancias vertidas por accidente o por un mal tratamiento de residuos, y pérdida y/o fragmentación de hábitats, que no se solucionan con corredores biológicos.
Las obras y el funcionamiento del tren pueden alterar el comportamiento de la fauna de la zona; riesgo de incendios tanto durante la construcción de la infraestructura como durante el tránsito de trenes.
“Al constituir una división artificial, como la vía del tren, se interrumpen los corredores biológicos naturales de especies que transitan en los diversos tramos de la ruta.
Además, habría surgimiento de asentamientos poblacionales regulares e irregulares, y afectación a la fauna y flora de las áreas naturales protegidas donde pasará la ruta del tren”, señala el informe.
FOTO Protección de bosques y selvas en México © Greenpeace / Salvador Arenas.
Existe una vía por la que las comunidades directamente deben ser informadas sobre este tipo de proyectos, que es la consulta indígena (diferente a la consulta ciudadana que instauró la administración de Andrés Manuel López Obrador), la cual es un Derecho Humano reconocido para los pueblos indígenas. Sin embargo, el proceso participativo que se realizó entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2019 no se apegó a los mínimos establecidos por la normatividad internacional, principalmente por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de consultas indígenas, e incluso fue cuestionado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que señaló que no se había cumplido con los estándares internacionales en la materia.
Fuente Ambiental News
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