Redacción: Daniel Lee

El Pleno de la Corte declaró válidas las facultades de la Guardia Nacional para investigar, recabar información en lugares públicos, vigilar contenidos de internet, e intervenir comunicaciones siempre con orden judicial y para ciertos delitos, todo, con la finalidad de prevenir ilícitos.
De acuerdo con Javier Laynez Potisek, ministro, ponente: “De ninguna se deprende que la Guardia Nacional pueda detener, interrogar, llamar como testigos, ingresar a propiedad privada, o cualquier otra de naturaleza análoga que se traduzca en una restricción provisional o menoscabo en la esfera de derecho de los ciudadanos ligar el que haya un listado específico y limitado, cumple o va en favor del respeto al principio de proporcionalidad y excepcionalidad”.
Al continuar con el análisis de la acción contra disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional, el Pleno también declaró constitucionales las facultades de esta institución de seguridad pública en temas migratorios.
Entre ellas las de vigilancia e inspección en aeropuertos, aduanas y carreteras; auxiliar al personal del Instituto Nacional de Migración para que la revisión de documentación a extranjeros sea pacífica, así como resguardar las estaciones migratorias.
Por su parte, el ministro Arturo Zaldívar expuso: “Acabamos de ver una tragedia terrible precisamente en un centro migratorio, en un lugar donde estaban personas migrantes, donde al parecer, y hasta donde se sabe, estaba encargada la seguridad del local a una institución privada, donde no tenía los elementos necesarios”.
El pleno no alcanzó los votos para invalidar, ni para establecer la constitucionalidad de las atribuciones de la Guardia para: solicitar a operadores de telecomunicaciones la geolocalización de aparatos de comunicación móvil; así como para realizar verificaciones al participar en la prevención de faltas administrativas.
Por ello, ambas disposiciones seguirán vigentes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la facultad de la Guardia Nacional para realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados.
El pleno de la Corte continuará con el estudio de este asunto en su próxima sesión pública.
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